El juicio contra el exalcalde Bakio Txomin Renteria por el fallido proyecto de talasoteria de Bakio ha quedado visto para sentencia, tras una sesión en la que el exregidor del PNV ha reiterado que, si el secretario municipal le «hubiese hecho cualquier insinuación» sobre la legalidad del contrato, «habría actuado» al respecto.

La Fiscalía ha mantenido su acusación por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación con una petición de tres años y medio de prisión, o alternativamente de falsedad documental y fraude a la administración pública con una pena de cinco años de cárcel. En ambos supuestos, el Ministerio fiscal solicita también una inhabilitación para empleo o cargo público de diez años y 3.600 euros de multa. Esa misma inhabilitación es solicitada por la acusación particular que ejerce EH Bildu, que actualmente dirige el Ayuntamiento de Bakio, y que considera que «se cometió un supuesto delito de prevaricación administrativa».

Los dos solicitan asimismo una indemnización de 471.146 euros, en concepto de responsabilidad civil, al Ayuntamiento de Bakio por las cantidades que la adjudicataria dejó de ingresar al Consistorio, mientras el municipio sí abonaba el canon por la ocupación de los terrenos que iba a ocupar el centro a la Dirección de Costas del Gobierno español.

Las acusaciones pública y particular se centran en las «divergencias» existentes entre el pliego de adjudicación del contrato del proyecto de construcción y explotación del centro y la construcción de servicios anexos a la playa, que fue adjudicado a la empresa Talasoterapia Kiura SL en febrero de 2007, y las cláusulas del contrato firmado en abril de 2008.

Por su parte, la defensa del exalcalde de Bakio, que solicita la absolución de su defendido, ha destacado que el contrato fue redactado por el secretario municipal, «quien conoce el derecho y es el garante de que los actos se ajustan a la legalidad», y también firmando por él sin incluir ningún informe de reparo.

El abogado defensor ha subrayado, asimismo, que las cláusulas administrativas son parte «inherente del contrato» y están recogidas de manera íntegra sin que hayan sido «modificadas ni alteradas».  Asimismo, ha asegurado que «no hubo intención de favorecer a la empresa», sino interés de que se ejecutaran los servicios de la playa, y ha recordado que, mientras el secretario municipal ha asegurado que advirtió al entonces alcalde, Renteria lo ha negado.