Según han explicado a Europa Press fuentes de la defensa, han renunciado al plantear sus cuestiones preeliminares porque todas estas testificales estaban relacionadas con las mesas de contrataciones de las obras y consideran innecesario su testimonio.

Entre los cargos que ha desechado CDC, y que iban a declarar del 24 al 27 de marzo, figuraban también el exconseller del Govern por CDC Pere Macias y el exconseller del PSC Joaquim Nadal, que, como Puig, habían sido citados como consellers de Política Territorial y Obras Públicas de 1999 a 2004.

Al renunciar CDC a sus testimonios, tampoco comparecerán los que fueron secretarios de Política Territorial y Obras Públicas en el mismo periodo: Josep Anton Grau, Josep Arqués, Josep Mir y Carmina Llumà.

No se podrá escuchar tampoco a miembros de la mesa de contratación del concurso que adjudicó a Ferrovial las obras de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona): Joan Carbó, Lluís Hosta, Marcel Gómez, Francesc Carulla y el propio Turull.

Otros testigos que finalmente se librarán de declarar son los técnicos de la mesa de contratación de Regsa y Gisa –empresas públicas que gestionaban y adjudicaban obras públicas– por el proyecto de obras de revestimiento de la Sèquia Bellet: Xavier Borràs, Pilar Matesanz, Salvador Carbonell, Xavier Vall-llosera y Francesc Segura.

Tampoco estarán los que eran miembros de la administración de Gisa: Joan Ignasi Puigdollers, Alfons Ortuño, Josep Anton Grau, Jaume Amat, Enric Ticó, Ramón Farré, Angel Vicente Sánchez, Jordi Follia, José María Vila, Brauli Duart, Josep Mir, Jordi Julià, Joan Turró, Josep Maria Prochazka, Martí Carnicer, David Vegara, Antoni Segarra y Jordi Cañas.

El primer día de este juicio, que se prevé de unos cuatro meses, se ha dedicado a resolver cuestiones previas, y desde el 8 de marzo está previsto que declaren los 16 acusados; entre ellos, el expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

El juicio, que llega casi ocho años después del registro del Palau por parte de los Mossos, aborda el desfalco de las arcas de la institución por parte de Millet y Montull –confesada en parte– y el supuesto cobro de comisiones de CDC a Ferrovial a cambio de adjudicársele obras públicas presuntamente canalizadas a través de la institución.