Esta es una de las demandas presentadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que, por boca de Carlos Azkunde ha exigido al Gobierno de Gasteiz que revierta los recortes sociales aplicados en 2012.

Unos tijeretazos que se han agravado por la negativa del Ejecutivo a aumentar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) un 8%, igual que el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI).
 
Además, ha pedido a Lakua que revoque «los impedimentos que se están poniendo para acceder a las prestaciones sociales». Cabe recordar que el pasado 22 de marzo la consejera de Empleo y Políticas Sociales de la CAV, Beatriz Artolazabal, anunció la implantación de la huella digital para identificar a los usuarios de Lanbide, tal como defiende el PP.

En este sentido, Azkunze ha insistido en la necesidad de frenar la «criminalización» de las personas preceptoras. «Son personas que están en situación de desprotección y no nos parece bien que se les criminalice».

ELA y LAB

Esta opinión es compartida por el secretario general del sindicato ELA Adolfo Muñoz, quien ha advertido de que PNV y PSE «no están por la labor de tomar medidas para reducir las desigualdades sociales». «Prefieren hacer acuerdos con el PP, el partido de la corrupción, el partido que ha criminalizado la RGI».

Frente a esta posición, Muñoz ha defendido la RGI, ya que «cubre las necesidades de quien peor lo pasa en nuestra sociedad». Y ha recordado que las políticas de cohesión social son un «bálsamo» contra la xenofobia, imperante en muchos lugares de Europa.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha defendido la movilización social para impulsar un cambio en las políticas sociales. A este respecto, ha censurado que, pese a que durante la crisis económica ha aumentado el paro y la exclusión social, Lakua la inversión en gasto social es menor que en 2009. «Se invierte menos en gasto social y más en pagar los intereses de la deuda».