GARA publica en su edición de este miércoles el caso del portal número 12 de la céntrica calle Legazpi de Donostia, entre el Boulevard y la Plaza Gipuzkoa. Tanto el sótano como sus cinco plantas su utilizan con fines turísticos, y se mantiene en marcha pese a la existencia de numerosas irregularidades, recogidas en un informe redactado por una técnico municipal el pasado 28 de abril.

Al hilo de esta información, EH Bildu ha considerado que «lo que está pasando en Legazpi 12 es un ejemplo paradigmático» de «la pasividad de este gobierno municipal ante la problemática de los pisos turísticos ilegales».

El concejal Ricardo Burutaran ha indicado que el pasado lunes se preguntó en Comisión al responsable de Urbanismo, Enrique Ramos, si «tenía algo pendiente por firmar, en referencia a si había firmado la orden de cierre de los pisos tercero y cuarto de Legazpi 12, y contestó que ‘no le constaba’ nada pendiente por firmar».

El representante de EH Bildu ha recordado que el Gobierno municipal PNV-PSE ha anunciado su intención de aprobar una «normativa complementaria» para regular los pisos turísticos. Al respecto, la coalición recuerda en primer lugar que «los pisos de uso turístico ya tienen una regulación específica», pero «no se está cumpliendo» porque «el gobierno municipal está haciendo la vista gorda. ¿Para qué queremos mayores precisiones normativas sino se cumple la que ya tenemos?».

«Los y las donostiarras no van a poder vivir en su ciudad»

En cuanto al primer documento que ha facilitado el Gobierno municipal «a modo de declaración de intenciones», EH Bildu apuntala como principio básico que «el protagonismo principal de los edificios de la ciudad es servir de vivienda, y que los usos auxiliares que se permiten no pueden volverse los principales. Si el gobierno permite que los edificios de Donostia se llenen de ‘pisos turísticos’ para que unos pocos grandes propietarios hagan negocio, la consecuencia va a ser que los y las donostiarras no van a poder vivir en su ciudad».

El Gobierno municipal argumenta que un riguroso control originaría «una importante tensión y judicialización, dada la intensidad con la que la actividad económica pretende implantarse». La coalición se pregunta «que pasaría si, por ejemplo, con la OTA o el pago de las tasas de los servicios de la ciudad el gobierno actuara de la misma forma».

«Donostia debe ser una ciudad para vivir, trabajar y disfrutar, y toda la normativa debe ir encaminada a es objetivo, y esta propuesta no lo hace», ha sentenciado Burutaran.