En el escrito, firmado por el secretario general del Parlament de Catalunya, Xavier Muro, y el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, se «advierte» de que la tramitación de las leyes «está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula» la resolución del 9N, así como los autos del Alto Tribunal en el marco de los incidentes de ejecución de sentencia.

El informe se ha entregado a los miembros de la Mesa en la reunión de este miércoles, en la que precisamente se ha admitido a trámite la Ley del Referéndum, que JxSí y la CUP quieren aprobar a lo largo de la jornada en el pleno.

Los letrados señalan que las leyes de desconexión tienen una «relación directa» con varias resoluciones soberanistas anuladas por el TC, y recuerdan que el tribunal ha indicado a los miembros de la Mesa que tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa en esta línea.

Precisamente durante esta reunión se ha sabido que Forcadell ha presentado un escrito ante el TC que solicita la recusación de todos sus magistrados porque no los ve imparciales, y pide que se pare cualquier hipotético futuro proceso contra ella o el Parlament por desarrollar iniciativas soberanistas.

Muro y Bayona consideran que «los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas».

«El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa», aseguran los letrados, que consideran que las consideraciones son extensibles «a cualquier otra actuación parlamentaria».

Por otro lado, también advierten de que el procedimiento de lectura única de la reforma del Parlament fue suspendido por el TC y que la «eventual tramitación directa de las leyes» mediante el artículo 81.3 del Parlament, como invocan JxSí y la CUP, «presentaría en la práctica unas características parecidas a un procedimiento de lectura única».

Y recuerdan que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que tumbó esa reforma del reglamento, «hace referencia a los requisitos esenciales e inexcusables que no podrían ser ignorados en la aplicación del artículo 81.3 cuando se tratara del procedimiento legislativo».