El letrado Jordi Pina ha presentado sendos escritos en nombre de los consellers Jordi Turull y Josep Rull, así como Jordi Sànchez (ANC), para volver a prestar declaración.

También se reivindica en el caso de los consellers que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la jueza Lamela contra Carles Puigdemont y los miembros del Govern por la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Fuentes de la defensa citadas por las agencias informativas han explicado que estos son los aspectos generales de los recursos presentados. Rull y Turull se suman así a la petición formulada por el vicepresident, Oriol Junqueras, y los consellers Carles Mundó, Dolors Bassa y Raül Romeva, quienes en su escrito han solicitado su libertad y se han mostrado dispuestos a acatar el 155, aunque sin renunciar a sus convicciones políticos, que prometen defender por las «vías del diálogo y la negociación».

Se desconoce por el momento qué decisión tomarán los abogados del conseller Joaquim Forn y de Jordi Cuixart, presidente de Ómnium.

Este lunes la juez Lamela remitió al magistrado Llarena la causa contra el Govern de Carles Puigdemont y contra los presidentes de las entidades soberanistas, dejando únicamente en la Audiencia Nacional la investigación abierta contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana.

Ahora queda, por tanto, en manos de Llarena decidir si llama a declarar a los exconsejeros encarcelados y si modifica la prisión preventiva de los investigados, sobre la que también se tiene que pronunciar la Audiencia Nacional en una vista que prevé celebrar la Sección Segunda de la Sala de lo Penal el próximo lunes.

Esta vista responde a los recursos presentados en este órgano por los consellers que pidieron que se valorara su puesta en libertad en calidad de «candidatos potenciales» a los comicios catalanes del 21 de diciembre.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó el ingreso en prisión de los miembros del gobierno catalán el pasado 2 de noviembre por los delitos de «sedición, rebelión y malversación».

La magistrada hizo lo propio con Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium) el 16 de octubre por el delito de «sedición».