La noche del 2 de marzo de 2016, sicarios al servicio de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) entraron en la vivienda de Berta Cáceres y la asesinaron a balazos, mientras dormía. A punto de cumplir 43 años, la dirigente fue atacada en represalia por su liderazgo en defensa del río Gualcarque y contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que impulsa DESA. El crimen generó una conmoción mundial. Apenas unos meses atrás, en abril de 2015, Berta Cáceres había recibido el premio Goldman por su activismo dentro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que agrupa a comunidades de la etnia lenca.

Pocos días después de la muerte de Cáceres, otro líder del COPINH, Nelson García, fue asesinado y este pasado mes de julio se ha hallado el cadáver de otra lideresa del grupo, Lesbia Yaneth Urquía, un día después de que fuera secuestrada. Sin embargo, estas muertes no son hechos excepcionales en la realidad que vive el país, sino tres más que apuntar en una larga secuencia de agresiones a los movimientos populares hondureños, en particular en estos últimos siete años.

Despojo del pueblo garífuna. «Desde el golpe de Estado del año 2009, Honduras se ha convertido en un laboratorio político y económico, además de ser el inicio de una contraofensiva de los Estados Unidos para frenar la oleada de gobiernos populistas que se dio en el continente a partir de la instauración del Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en 1999», dice Miriam Miranda, referente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Surgida en 1978, OFRANEH expresa la organización de las comunidades garífunas de Honduras. Este pueblo es el resultado del mestizaje entre los caribes –habitantes originarios del mar que lleva su nombre– y africanos que huyeron de la esclavitud. Actualmente, se calcula que existen aproximadamente 400.000 garífunas en Honduras, Belice, Nicaragua y Guatemala, que se dedican en gran parte a la pesca y a la agricultura. Otras varias decenas de miles han migrado a EEUU, al igual que millones de habitantes de la región que emprenden el camino hacia el sueño americano.

Más del 50% de la población garífuna en Honduras posee títulos ejidales, de naturaleza colectiva, y el resto, tierras comunales que en muchos casos no están respaldadas por títulos de propiedad, aunque sí con la vida allí durante generaciones. En los últimos años se ha agudizado el proceso de conflicto con grandes empresarios, que pretenden hacerse con las tierras para instalar proyectos que van desde la minería y la agroindustria hasta el turismo.

«Durante el Gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009) se inició la aprobación de una serie de leyes de corte neoliberal a ultranza para facilitar la entrega de los recursos naturales», agrega Miranda. Explica que esta dinámica se aceleró con la consolidación del golpe: «El ejemplo más claro del saqueo es la creación, a inicios del año 2011, de la Ley Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), con la que se pretendió subastar 21 de las 47 comunidades garífunas que existen en Honduras. Para octubre del año 2012, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley RED, acción que suscitó un golpe del Poder Legislativo al Judicial, defenestrando a los magistrados que ilegalizaron la Ley RED. Para el año 2014 fue aprobada una versión maquillada de la Ley RED, bajo el nombre de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)».

«El pueblo garífuna se enfrenta a un sistemático despojo de nuestro territorio ancestral, además de sufrir un constante racismo por parte del grueso de la población hondureña. Consideramos que las ZEDE son una amenaza para nuestras comunidades, las que probablemente serán declaradas de baja intensidad poblacional y, por ende, sujetas a ser expropiadas», señaló la OFRANEH en un comunicado difundido el 24 de junio de este año. Allí la organización denunciaba que Barbara Kolm, la actual presidenta del Consejo de Administración de las Ciudades Modelo (o ZEDE) en Honduras, es integrante del Partido por la Libertad (FPO), formación austríaca cercana al pensamiento neonazi. «El hecho de que quien preside el Consejo de las Ciudades Modelo sea una notoria líder política que no esconde su racismo, nos preocupa ante la aparente estrategia estatal de expulsar a nuestro pueblo de Honduras», expresa el texto.

De acuerdo al objetivo de los grupos inversores, estas zonas especiales –también llamadas Ciudades Modelo– serían una suerte de metrópolis privadas, con personalidad jurídica y administración propia y algunos niveles de autonomía, como contar con su propia policía y sistema judicial. Las regiones se piensan desde cero, sin considerar el derecho de los pueblos que allí habitan. Contra estos proyectos viene luchando la organización y por ello también ha recibido represalias. Es el caso, entre muchos otros, del atentado sufrido por el líder comunitario Vidal Leiva el 27 de noviembre de 2015, en Trujillo. Leiva recibió tres impactos de bala, después de meses de sufrir amenazas en respuesta a la acción del Comité de Defensa de Tierras de las comunidades de Cristales y Río Negro, que iniciaron una investigación sobre la venta ilegal de tierras efectuada a espaldas de la comunidad, con la complicidad de las autoridades municipales. Otro hecho notorio fue el ataque ocurrido el 27 de diciembre de 2015, cuando integrantes de la Fuerza Naval hondureña atacaron a un grupo de garífunas en la barra de Iriona (departamento de Colón), matando a Joel Palacios Lino, de 24 años, y a Elvis Armando García, de 19 años.

Denuncias que se suman a muchas otras por actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y torturas por parte de militares. Ante esta realidad, OFRANEH demanda la desmilitarización, en defensa del territorio, la cultura y la vida del pueblo garífuna. En octubre de 2015, en Nueva York, Miriam Miranda recibió a nombre de OFRANEH el premio “Soberanía Alimentaria”, que otorga la Alianza Estadounidense para la Soberanía Alimentaria (USFSA, por sus siglas en inglés).

Una sangría permanente. De acuerdo a los datos de la ONG Global Witness, con sede en Londres, Washin-gton y California, al menos 109 activistas del medioambiente y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2015. Esto coloca a Honduras como «el país más mortal del mundo» para los defensores de la naturaleza, considerando el número de muertes sobre el total de la población. La organización también refiere que de los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas. Global Witness destaca además la situación en el Bajo Aguán, donde entre 2011 y 2014 fueron asesinados más de ochenta campesinos. En el marco de una disputa con los terratenientes que desarrollan el monocultivo de palma aceitera, tanto guardias privados –sicarios– como fuerzas militares y de seguridad han intervenido en la persecución a los campesinos, organizados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). En mayo de este año, dirigentes de la organización denunciaron la activación de «escuadrones de la muerte», que se entrenan en cursos de guerra para realizar asesinatos selectivos sobre los líderes sociales.

El peligro alcanza especialmente al oficio de periodista. De acuerdo a los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de cincuenta periodistas fueron asesinados en el país desde el golpe cívico-militar contra Manuel Zelaya. Según la CIDH, el 96% de estos crímenes no son investigados. «Para la Comisión Interamericana es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión», expresa el informe.

De acuerdo a los registros de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-Felap), diez de estos homicidios se perpretaron en 2014 y otros diez en 2015. A esto se debe agregar también la política gubernamental dirigida a controlar los medios de comunicación. Hace pocas semanas, el Gobierno de Juan Orlando Hernández sacó del aire a Globo TV, hermano de Globo Radio, uno de los pocos medios masivos que se opuso al golpe de Estado y que se mantuvo crítico a las políticas derechistas.

La lideresa de OFRANEH ofrece más datos sobre el país, que en general no ocupan las primeras planas a pesar de su contundencia: «En el país hay un promedio de una masacre cada tres días, y en los últimos 17 años han sido asesinados más de 10.000 jóvenes menores de 23 años. La conversión de Honduras en un Estado fallido inducido incrementó la violencia», explica. «Como resultado del terror imperante, se desató entre el año 2013 al 2014 una estampida de niños y jóvenes, que cruzaron sin acompañamiento la frontera hacia los Estados Unidos. En la actualidad hay 18.000 menores de edad hondureños en un limbo legal, esperando una posible deportación». En este panorama colabora la falta de alternativas productivas en el país, que expulsa mano de obra al marginar al campesinado y a la población urbana pobre, para beneficiar a empresarios ligados a la minería, a las hidroeléctricas, al agronegocio y al turismo de altos ingresos. En agosto de 2015, la secretaría de Energía de Honduras anunciaba la existencia de 580 proyectos mineros en curso, pero en mayo de este año dirigentes del MUCA los estimaban en cerca del millar. Estas explotaciones, al igual que las hidroeléctricas, confrontan con la naturaleza, alterando el curso de los ríos, la calidad y cantidad del agua y el aire y afectando las actividades de agricultura y pesca que realizan las comunidades.

Disparen contra el COPINH. En este contexto hay que analizar las agresiones contra el COPINH, entre las que se encuentra el asesinato de Berta Cáceres, que –este sí– aún recorre el mundo.

Siendo muy joven, en 1993 Berta contribuyó a la fundación de esta organización, para resistir la tala ilegal de árboles y otras amenazas al pueblo indígena lenca. Con el correr de los años, un gran abanico de demandas nutrió el desarrollo del COPINH, entre ellas el respeto a la mujer y la lucha contra el patriarcado. También la lucha contra la privatización de los ríos. Desde 2006, junto a la comunidad de Río Blanco, COPINH asumió la lucha contra la represa Agua Zarca, que hubiera ocasionado el desplazamiento de la comunidad. Después de varias movilizaciones, en 2013 la organización impulsó un bloqueo de carreteras por tiempo indefinido, que duró un año y fue duramente hostigado por policías, militares, guardias de las empresas y sicarios. Berta fue detenida y tuvieron que liberarla. En ese año fueron asesinados tres indígenas, entre ellos un referente del movimiento, Tomás García, quien fue baleado por un militar en un bloqueo. El homicida estuvo detenido unos pocos días y hoy se encuentra en libertad, al igual que otros responsables de asesinatos y agresiones.

Como resultado de estas intensas luchas, a fines de 2013 la trasnacional china Sinohydro se retiró del proyecto Agua Zarca y, poco después, algunos apoyos financieros internacionales hicieron lo mismo. Por esta razón, el proyecto se encuentra paralizado. Esta victoria popular no fue perdonada y las agresiones contra el COPINH se intensificaron, en medio de un casi total silencio mediático.

En 2015, la campaña alcanzó nuevos picos de amenazas. La empresa estaba decidida a reactivar el proyecto y movió todos sus hilos. En diciembre de ese año, mientras DESA firmaba un convenio con la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), Berta Cáceres denunciaba que el cardenal hondureño Oscar Rodríguez les sugería a las comunidades indígenas «que no se organicen en el COPINH ni escuchen sus radios». Tampoco Radio Globo.

Pronto al aislamiento político y social le seguirían los ataques físicos. El 2 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, y el 15 del mismo mes, Nelson García, líder de un grupo de 150 familias de la comunidad de Río Lindo, al norte del país, en lucha por las tierras que habían recuperado.

El marco del séptimo aniversario del golpe muestra un estado de situación difícil de ocultar. «Como laboratorio político, el país ha servido para imponer el terror y la represión como atenuantes del lucrativo descalabro económico, el que ha servido para intensificar la acumulación de capitales de la pequeña oligarquía existente en Honduras y sus socios extranjeros», sostiene Miriam Miranda, amiga y compañera de lucha de Berta Cáceres. «El sórdido laberinto en que se encuentra sumido el país requiere de cambios estructurales, además de un trabajo de educación moral, que ha sido carcomida por la violencia e intereses económicos ligados a un neoliberalismo implacable, que sin miramiento alguno antepone las ganancias al derecho a la vida. El asesinato de Berta es una muestra que sintetiza el desprecio a los derechos humanos por parte del gobierno y empresas extranjeras».

Contra este panorama, el 15 de junio se organizó una jornada global en memoria de Berta Cáceres y en solidaridad con las luchas de Honduras. La actividad se realizó en fecha simultánea en 17 países. Entre ellos, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, EEUU, Alemania, Italia y el Estado español. Desde Honduras, Berta Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres, explicó que la jornada de protesta se convocó con dos planteamientos concretos: la creación de una comisión investigadora independiente y la cancelación definitiva e inmediata del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El legado de Berta Cáceres. En Buenos Aires, donde reside desde que las amenazas hicieron insostenible su presencia en Honduras, Salvador Zúñiga, hijo de Berta Cáceres, habla con calma y convicción, serenamente: «El Estado es responsable de las causas del asesinato de mi mamá. Todas las concesiones a las empresas han estado acompañadas de la violación de los derechos humanos, de represión, de persecución, de asesinatos. En Honduras existe un nivel de violencia tan naturalizado y una propuesta desde el Estado que es la violencia, la persecución, la falta de acceso a la educación, el miedo a pensar diferente, entonces los responsables materiales vienen a ser personas pagadas, sicarios, al servicio de alguien». Por eso destaca: «Justicia verdadera implica que se castigue a los responsables intelectuales: a los empresarios, a la familia Tala, al Estado de Honduras y también a esas grandes trasnacionales que saben que estos megaproyectos hidroeléctricos son llevados adelante mediante las amenazas y mediante la persecución y aun así, siguen aportando. Entonces también ellos son responsables».

Hoy a miles de kilómetros de su tierra y de su familia, Salvador no olvida las enseñanzas de su madre, así como Berta también reivindicaba las de la suya, partera y activista social, que ayudó a refugiados de El Salvador en la década de los 80, cuando este país sufría una feroz dictadura. «Ese camino que nos dejan señalado nuestros ancestros y nuestras ancestras ha sido fundamental», explica el joven militante. «Para nosotros es importante tener presente la espiritualidad de nuestros pueblos originarios. Entender que mi mamá y los demás asesinados tienen su espíritu impregnado en nosotros y nosotras. Llegaron hasta las últimas consecuencias en defensa de la vida; entonces, nosotros reafirmamos nuestra resistencia en torno a la defensa de la vida. Y también para llevar esta lucha más allá de las fronteras. La solidaridad que sentimos ha contribuido enormemente a nuestra esperanza, a nuestro aprender y a nuestro caminar».

Un bastión geopolítico

Honduras está en una ubicación estratégica para los intereses geopolíticos de EEUU, ya que su territorio ocupa el centro de América Latina y el Caribe y tiene una extensión marítima importante para coordinar operaciones navales en las fronteras de México, Belice, Guatemala, Cuba, Jamaica, Islas Caimán y Nicaragua; es decir, casi la totalidad del mar Caribe, zona clave en la política de defensa norteamericana. Según los datos facilitados al periodista hondureño Fred Alvarado por David Vine, autor del estudio “Base Nation. Cómo las bases militares estadounidenses en el extranjero dañan a EE.UU. y al mundo”, EEUU tiene acceso a por lo menos tres bases o instalaciones militares en Honduras: base aérea Soto Cano (o Palmerola); base naval de Caratasca; base naval en Guanaja (Islas de la Bahía); base naval de Puerto Castilla; base de operaciones de Avanzada y base Tropic Region Test Center en Mocorón (departamento de Gracias a Dios); base aérea El Aguacate; base naval de Puerto Lempira; base de entrenamiento militar en Río Claro (Trujillo); base militar de Naco (Cortés); zona de paracaidismo en Támara; base militar en La Venta y polígono de tiro en el Zamorano.