Condenada a tres años de prisión en suspenso el diciembre pasado, nuevas acusaciones y nuevas causas impiden la puesta en libertad de Milagro Sala. Calificada su detención como «arbitraria» por la ONU, tanto esta como la OEA han pedido su pronta liberación al Gobierno argentino. Para su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, «está presa por ser mujer y por ser indígena». Para otros, sin embargo, Milagro es la responsable de instalar en Jujuy un gobierno paralelo de tintes mafiosos.

En enero de 2016, la activista social Milagro Sala (San Salvador de Jujuy, 1964) fue detenida y encarcelada, acusada por el Gobierno de la provincia de Jujuy de «instigar» un escrache violento en 2009 contra el entonces senador y hoy gobernador provincial, Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR). Siendo esta una causa excarcelable y susceptible de ser prescrita, el fiscal impidió su liberación incluyendo los cargos de «asociación ilícita, fraude y extorsión». Con el paso de los días, se le fueron uniendo otras acusaciones, como tentativa de asesinato o por acampada ilegal. Además de a Milagro, las diversas causas involucran también a la organización de vecinos liderada por ella desde fines de los 90, la Túpac Amaru que, integrada en el sindicato progresista Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), dispone de una enorme red asistencial formada por miles de centros sanitarios, comedores y, en especial, las cooperativas de construcción de viviendas, extendida por Jujuy y casi toda la Argentina.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó de manera «urgente» al Gobierno argentino a liberar a la detenida. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, publicó un comunicado en el que urgía «al Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala», haciendo suyo el análisis de la ONU. Gran parte de la opinión pública, incluyendo al kirchnerismo del que Milagro Sala ha sido aliada, consideraron que su detención era de carácter político.

Historia de una persecución. De nada han servido los llamamientos dirigidos al Gobierno. Así, el pasado 28 de diciembre Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por «daños agravados» como instigadora del escrache que, en 2009, sufrieron Morales y otros políticos radicales jujeños. Tres días después, la líder de la Túpac Amaru fue condenada a su vez a otros tres años y tres meses de inhabilitación para ocupar cargos en asociaciones civiles y fue también multada con 3.780 pesos al hacerla responsable de la acampada de 52 días frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, realizada entre diciembre de 2015 y enero de 2016, antes de la asunción del sillón de gobernador por el radical Gerardo Morales. Además, el magistrado ordenó la clausura de la sede de la Túpac Amaru de la capital jujeña durante tres meses.

Milagro Sala lleva más de un año en prisión sin condena efectiva. Los hechos por los que fue condenada el 28 de diciembre son los que motivaron su primer arresto, aunque a posteriori el juez Gastón Mercau concedió la excarcelación pero la imputó por «asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión», por lo que permanece presa.

Mientras el marido de Milagro, el periodista Raúl Noro, declaró que los fallos «no eran judiciales, sino políticos», su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, fundadora de la Sociedad de abogados de Derecho Indígena, señaló que su defendida estaba presa «por ser mujer y ser indígena». La propia Milagro, tomando la palabra antes de ser condenada, dijo que «nunca me imaginé que me iban a hacer pagar este costo por las protestas; siento dolor por la injusticia que estamos viviendo», añadiendo que el «pecado» de la organización Túpac Amaru fue querer que haya igualdad.

El sindicalista jujeño Carlos El Perro Santillán, líder del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM, integrante de la Corriente de Clase y Combativa, de origen maoísta) e icono de las luchas sociales contra el liberalismo y las privatizaciones durante la presidencia de Menem, puso la nota discordante al asegurar que considera ciertas todas las acusaciones contra Sala por corrupción y desvío de fondos públicos. En conversación con 7k, Santillán asegura que «acá, en Jujuy, el pueblo tuvo que soportar no un gobierno paralelo, sino el Gobierno de Milagro Sala, un Gobierno represivo, torturador, explotador, que llevó a situaciones aberrantes y no solo por el robo, sino por el narcotráfico o las torturas a los compañeros que se negaban a hacer lo que ella pretendía; la persecución, como en el caso mío, de los que no nos sometíamos a sus designios. La provincia de Jujuy sufrió una paramilitarización por parte de un estado mafioso instalado por Milagro Sala».

Horacio Verbitsky, uno de los máximos referentes del periodismo argentino, redactor en “Página12” desde 1987, y Eugenio Zaffaroni, jurista, criminólogo y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son dos de los observadores que han denunciado las irregularidades habidas en los procesos contra Milagro Sala, subrayando el carácter político de la detención y condena de la activista jujeña.

En una nota publicada por “Página12” una semana antes del fallo condenatorio, el juez Zaffaroni manifestaba que «el realismo mágico se inventó en otro lado, pero como realidad florece aquí con singular entusiasmo», para, a continuación hacer un balance de hechos sobre el caso que, a su juicio, corroboran lo dicho y entre los que destacan dos puntos: primero, que «el Superior Tribunal está integrado por los diputados oficialistas que horas antes votaron su ampliación», y segundo, que «se reactivó un proceso contra Milagro por una agresión al actual gobernador en 2009, sin prueba alguna de su participación».

De hecho, la defensa de Sala niega que esta estuviera en el escrache, siendo la única prueba los testigos propuestos por el mismo Morales, circunstancia que Verbitsky, en su crónica del juicio (“Página12”, 31 de diciembre de 2016) presenta de este modo: Morales denunció a Milagro, «pese a que nadie la vio ni la nombró en el lugar del escrache, ni a ella ni a miembros de su organización». Además, «proveyó los únicos dos testigos de cargo en el juicio por la huevada (escrache), los llevó a declarar con su abogado y es el empleador a sueldo de uno de ellos en la gobernación, el iletrado ‘Cochinillo’ Arellano. Su compañera Cristina Chauque cobra de la intendencia radical de San Salvador, pero ella lo admitió al declarar. Otras cosas son las que oculta». El tribunal se negó a investigar a la pareja por falso testimonio tal como le demandó la defensa. Concluye Verbitsky, al hilo de las acusaciones que aún pesan sobre Milagro Sala y por las que todavía se encuentra en prisión, que «no debe haber en el país otro preso preventivo imputado de administración fraudulenta, que es un delito excarcelable, como cualquier abogado sabe». 

Bases y razones de la siempre presente represión. Jujuy, fronteriza con Chile, Bolivia y la provincia de Salta, es con 53.219 km2 (más del doble de Euskal Herria) una de las provincias más pequeñas de Argentina, y su economía, basada en monocultivos subvencionados por el Estado como el azúcar, supone el 0,95% del PIB argentino. El poder político está en manos de familias como los Blaquier, dueños del Ingenio Ledesma, que son apoyadas por el bipartidismo, en especial por el radicalismo, la UCR, ligada a la oligarquía jujeña que desde la independencia ha empleado la represión para manejar a una población pobre e indígena. Con el caso de Milagro Sala podemos decir que llueve sobre mojado, agravándose su situación por el hecho de ser mujer.

«Entre 1980 y 2001 un proceso de generación y consolidación de población sobrante para las necesidades del capital llevó la desocupación del 1,8 al 37% de la población jujeña. Los desocupados se refugiaron en el Estado y convergieron sobre las zonas urbanas. Esa fue la base del protagonismo de las organizaciones sociales, que surgieron vinculadas al movimiento sindical», detalla Horacio Verbitsky.

El periodista y miembro de la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Camilo Cagni abunda en el tema: «Hubo un vacío por parte del Estado que permitió el protagonismo y toma de poder por parte de organizaciones como la Túpac Amaru que, con fondos públicos, edificaron no sé si un estado paralelo, pero sí una gran red asistencial. Es obvio que existe vendetta por parte del Estado contra estos morochos (morenos) que movieron dinero, hicieron obras… Hay, sobre todo, una vendetta de clase. Fue una de las primeras medidas, direccional, que tomó Morales: la represión no es solo contra Milagro, sino contra toda la Túpac Amaru; hay muchos presos, detenidos, secuestros de bienes, de autos, embargos… Es una cuestión de revancha que va más allá de Milagro Sala».

La detención de Milagro Sala se produce en un momento político donde el kirchnerismo asistencialista ha sido relevado por la derecha neoliberal, con gran protagonismo de la UCR en esta.

Para Raúl Zibechi, escritor y periodista uruguayo, «el gobernador Morales encara una clara política represiva que toma a Milagro Sala como eje porque es una referente del kirchnerismo en el movimiento social». «El movimiento que ella dirige –añade– estaba en camino de convertirse en un poder que obstaculizaba la gobernabilidad conservadora, y este conflicto debe entenderse como una pugna en esa dirección. Estamos ante una escalada represiva que no es solo obra directa del Gobierno sino un aumento de la criminalización social como consecuencia de un clima generado por el triunfo de la derecha, que por primera vez accede al Gobierno por la vía electoral».

Tanto Cagni como Zibechi coinciden con el periodista Horacio Verbitsky, quien piensa que «condenar a una dirigente social como instigadora de un hecho del que no tomó parte y proscribirla para cualquier actividad política y social es una amenaza latente contra toda protesta». Añade que «la primera tarea que se propuso Morales fue descabezar a esa organización gigantesca que llegó a ser el tercer empleador provincial, después del Estado jujeño y del Ingenio Ledesma. Con el bipartidismo peronista-radical, Carlos Pedro Blaquier y el Ingenio fueron el poder real en la provincia, hasta que la Túpac Amaru expresó y logró organizar el descontento popular con el sistema político».

Esta «amenaza latente» es, hoy en día, una realidad ante unas políticas liberales que están golpeando fuerte a las clases populares y a las clases medias. Laura Giussani, escritora y periodista, señala a 7k que «está claro que existe una voluntad del Gobierno de acabar con los sectores más combativos del sindicalismo y de los movimientos sociales. Condenar a Milagro Salas por un escrache es algo desproporcionado. Conviene recordar que en este país, desde hace muchos años, los escraches y los piquetes han sido el modo más eficaz y generalizado para lograr reivindicaciones y difusión. Si van a condenar a todos los que participaron de alguno, vamos todos presos». 

Dos iconos de la represión

En 1911, los franceses Enrique Wollman y Carlos Delcasse compraron el Ingenio Ledesma, fundado en 1830 y cuyos anteriores propietarios, la familia Ovejero, habían convertido en la base desde la que se hicieron con el poder político en la zona. Wollman, presidente hasta su muerte en 1927, fue sucedido por su yerno y jefe de ingenieros, Herminio Arrieta. Su hija, Nelly, a su vez, contraería matrimonio con Carlos Pedro Blaquier quien, hasta la fecha, es el presidente de la ahora denominada Ledesma SAAI, productora de azúcar y derivados, papel, bioetanol y cítricos, todos presentes en los mercados vascos.

«La oligarquía jujeña es dura, y está, además, asociada desde antiguo a la porteña mediante casamientos y otros lazos familiares. El Ingenio Ledesma, por ejemplo, es una fábrica rodeada por 380.000 hectáreas. Estas tierras, propiedad ancestral de los collas, fueron después de la independencia loteadas y vendidas a familias como los Blaquier y otros terratenientes de la zona a un peso la hectárea. Luego aparecían los capataces diciendo a los colla que debían trabajar para pagar sus tierras», cuenta a 7k Fernando Krichmar, director de “Diablo, familia, propiedad” (Cine Insurgente, 1999), documental disponible online.

El 20 de julio de 1976, en plena dictadura, la fábrica dejó de proporcionar suministro eléctrico. El Ejército secuestró a 400 obreros, estudiantes y profesionales que fueron llevados a un centro clandestino de detención situado en el mismo Ingenio. Allí fueron sometidos a torturas durante meses. Más de treinta aún continúan desaparecidos. En 2012, Carlos Pedro Blaquier fue procesado como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestrados, y por los 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición. «Nada cambió hasta el día de hoy –señala Fernando Krichmar–. Blaquier, responsable de secuestros y asesinatos, sigue impune. Esta es la misma justicia que está juzgando a Milagro Sala sin ninguna prueba seria».