La Comisión Europea se mostró ayer preocupada por las declaraciones y los artículos en medios de comunicación que ponen en duda la calidad y la fiabilidad de las estadísticas oficiales sobre Grecia, a raíz del caso abierto en ese país contra el expresidente de la Autoridad Estadística Helena (Elsat) Andreas Georgiou. Este, que dejó su cargo hace un año, fue acusado en 2013 por Syriza de haber inflado los datos del déficit y de la deuda griega de 2009, lo que, según algunos analistas, fue utilizado para endurecer las condiciones en el primer rescate.

La CE expresó su plena confianza en la fiabilidad de las estadísticas griegas en el periodo 2010-2015 y pidió al Gobierno de Alexis Tsipras que responda activamente a las alegaciones de que los datos habrían sido manipulados, para así salvaguardar la credibilidad de Elsat.

«Permítanme ser muy clara», comentó a los periodistas la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, en una comparecencia ante la prensa en Bruselas: «Los datos sobre la deuda griega son totalmente fiables» y han sido «correctamente remitidos» a Eurostat. Puntualizó que esto es así «contrariamente a lo que ocurrió antes».

Y es que lo que ya nadie pone en duda es que los datos financieros del Estado griego fueron manipulados a partir del año 2000 y que tanto la Unión Europea como el Fondo Monetario Internacional los fueron convalidando hasta que estalló la crisis global en 2008 y ya no hubo forma de ocultar la enorme deuda acumulada. Fue en 2010 cuando Georgiou –con una dilatada experiencia en el FMI–, entró en escena con un papel protagonista, ya que pasó a dirigir la nueva versión del Elsat montada al dictado de los acreedores internacionales. Entonces, Georgiou acaparó titulares al revisar el déficit público de 2009 y elevarlo del 6% al 15,4%.

No obstante, Syriza considera que Georgiou formó parte de un sistema de ingeniería financiera que inclinó la balanza hacia un lado de forma exagerada.

En los tribunales

A principios de agosto, el Tribunal Supremo decidió reabrir el caso, colocando ante la Justicia a Georgiou y a otros dos responsables del instituto de estadística bajo la acusación de haber perjudicado al interés nacional.

En este contexto, Nikos Pappas, ministro de Estado y muy próximo a Tsipras, declaró recientemente que este asunto «reabre una herida que tiene que ser objeto de una investigación en profundidad». Añadió que esperan respuestas sobre «si los déficits fueron inflados para acelerar las decisiones de política previamente preparados para empujar a Grecia» a solicitar el tercer rescate.

Al hilo de esto, la comisaria Thyssen, el vicepresidente para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, enviaron al ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, una carta con su comentado llamamiento.

Ayer mismo llegó la respuesta de Tsakalotos, también por carta. Tras expresar su «sorpresa» por que Bruselas opine sobre un caso judicial abierto, comentó que si la Comisión Europea posee «información privilegiada» como para certificar la corrección de las estadísticas en cuestión, debería ponerla «a disposición de los tribunales».

La CE autoriza el rescate del mayor banco de Portugal

La Comisión Europea (CE) alcanzó ayer un principio de acuerdo con el Gobierno luso para recapitalizar al mayor banco de Portugal, Caixa Geral de Depósitos (CGD), con hasta 4.600 millones de euros, de los cuales 2.700 millones serían inyectados directamente por el Estado.

Para justificar una decisión que en principio parece contraria a la nueva normativa comunitaria, la CE considera que, si se tienen en cuenta todos los compromisos que asumirá la nueva dirección de la entidad y las circunstancias específicas del banco, la recapitalización se efectúa bajo términos del mercado, de manera que no implica ayuda de Estado.

Para alcanzar la cifra total, la CGD podrá capitalizar una ayuda pública de 900 millones de euros recibida en 2012 en el marco del plan de rescate de Portugal diseñado por “la troika” (UE, FMI y Banco Mundial); ayuda que no ha reembolsado. Además, el acuerdo incluye el compromiso de CGD de reunir 1.000 millones con la venta de deuda subordinada. Estas medidas serán incluidas en un «plan de gran envergadura» que tenga por objetivo volver a la rentabilidad y que implicará «significativas reducciones de los costes», según precisó la oficina de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. GARA