El Gobierno español, la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos escenificaron ayer el acuerdo que abrirá la vía a la indemnización de las víctimas de abusos cuyos casos hayan prescrito judicialmente. Se trata de un acuerdo que establece un sistema enrevesado, pero que, en última instancia, adjudica al Defensor del Pueblo la decisión sobre la cuantía de la indemnización, que será abonada por la Iglesia, no por el Estado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, agradeció expresamente la mediación y la intervención del Vaticano, tanto con el papa Francisco como ahora con León XIV, que han facilitado un acuerdo largamente bloqueado por una jerarquía eclesiástica española abiertamente opuesta a rendir cuentas por los abusos cometidos en su seno.

Basta comparar los números que unos y otros dan sobre la dimensión del problema para ver la escasa voluntad reparadora de la Iglesia. Mientras que el Defensor del Pueblo estima en más de 440.000 las víctimas de abusos eclesiásticos a menores en el Estado español, la jerarquía católica apenas reconoce unos 2.000 casos, una cifra ridícula. Irrisorias son también las indemnizaciones propuestas por la comisión de la iglesia encargada de ello, que solo ha resuelto 39 expedientes.

Esa comisión evaluará ahora la propuesta que le llegue por parte del Defensor del Pueblo sobre cada víctima y, aunque en caso de desacuerdo, se acabará imponiendo, en principio, el criterio de la institución pública, el proceso diseñado tiene las suficientes idas y venidas como para convertir el procedimiento en un camino arduo y susceptible de ser víctima de maniobras dilatorias. Algo preocupante, dado que el acuerdo firmado ayer regirá solo durante un año, prorrogable a otro, según se encargó de subrayar la Conferencia Episcopal. En resumen, el acuerdo será una noticia positiva si los hechos confirman que sirve para desbloquear las reparaciones a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, un campo en el que la jerarquía católica tiene todavía un camino muy largo por recorrer para reconocer a las víctimas y ofrecer, más allá de las indemnizaciones, garantías de no repetición.