Según fuentes de la Audiencia Nacional citadas por Efe, el magistrado que investiga el vaciamiento patrimonial del grupo turístico Marsans ha impuesto a ocho de los nueve detenidos en la ‘Operación Crucero’ fianzas que suman 112 millones de euros, mientras que ha dejado en libertad a uno de los arrestados.

Después de la del empresario valenciano, las mayores fianzas en esta operación, de 30 millones de euros, les han sido impuestas al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al colaborador de De Cabo, Iván Losada.

Todos ellos están imputados por alzamiento de bienes, insolvencia punible, y blanqueo de capitales, entre otros, por haber urdido una trama para ocultar bienes de Marsans y patrimonio personal de Díaz Ferrán y su socio en el grupo turístico, el ya fallecido Gonzalo Pascual.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha impuesto 500.000 euros de fianza para eludir la cárcel a buena parte del entorno de De Cabo, como su cuñado, Teodoro Garrido, el financiero Carmelo Estélles y Antonio García Escribano y José Pardo Manrique.

Para la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se ha establecido una fianza de 3.000 euros.

El único de los detenidos que ha salido en libertad ha sido Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda y al que se le ha retirado el pasaporte y se le ha impuesto la obligación de no abandonar el Estado y comparecencias quincenales en la Audiencia Nacional.

Díaz Ferrán ha declarado durante una hora ante el juez Velasco. A excepción de Díaz Ferrán, Susana Mora y Rafael Tormo, el resto de los detenidos se han negado a responder a las preguntas del magistrado y del fiscal Daniel Campos.

«Estrategia para alzarse con los bienes»

El juez, que justifica el ingreso en prisión de Díaz Ferrán por la existencia de «riesgo de fuga y elusión de la acción de la Justicia», sostiene que el expresidente de la patronal y su socio habrían desarrollado «una actividad delicitiva dolosa de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros», con lo que provocaron un fraude que afectó a «más de 10.000 acreedores».

El auto judicial, del que informa Europa Press, revela que «del primer término de la investigación policial» se desprende que Díaz Ferrán y Pascual «acordaron» con De Cabo «una estrategia para alzarse con sus bienes y eludir las responsabilidades de una serie de procesos en los que su grupo empresarial se encontraba inmerso».

De Cabo, dueño de la empresa Posibilitum, adquirió el Grupo Marsans «bajo la promesa de solucionar sus problemas económicos», aunque en realidad a él solo le movía, según el auto, el «ánimo de lucro». Para ello, dirigía «una organización configurada por un complejo sistema societario nacional e internacional» que incluía «una red de colaboradores y testaferros».

A cambio, el empresario entregaba 100.000 euros mensuales a los dos antiguos propietarios de Marsans hasta que ambos recibieran, respectivamente, una suma de 8 millones de euros.

En este entramado jugaban un papel «determinante», según el juez Velasco, Iván Losada, colaborador de De Cabo, y la secretaria del primero, Susana Mora. Ambos, según el auto, «tenían poder de decisión y eran personas de la máxima confianza».