Tras la polémica suscitada por el primer borrador de Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán trasladado por CiU y ERC al resto de partidos que llevaban el derecho a decidir en su programa –PSC, ICV-EUiA y CUP–, nacionalistas y republicanos se reunieron ayer para reformular el documento. En la nueva versión se mantiene la referencia a Catalunya como «sujeto político y jurídico soberano», pero desaparece cualquier referencia al objetivo del Estado propio.

Con este nuevo borrador, CiU y ERC pretenden acercarse a las demandas del PSC, que criticó que se mezclase el ejercicio al derecho a decidir con la opción concreta por la independencia, algo por lo que ya había anunciado su oposición a la Declaración. ICV-EUiA y CUP también criticaron este aspecto, igual que el modo en que CiU y ERC les pidió una adhesión sin negociación previa, pero se mostraron dispuestos a negociar. También resultaron llamativas y sintomáticas las dudas expresadas por Unió y su secretario general, Josep Antoni Duran i Lleida.

Pese al cambio en la Declaración y pese a que el PSC recogía en su programa electoral el derecho a decidir, esta mañana los socialistas ya han dejado entrever que seguirán oponiéndose al documento, aunque no han confirmado este extremo. Su portavoz parlamentario, Maurici Lucena, ha lamentado que se mantenga la referencia a la soberanía política y jurídica, y ha insistido en que la línea roja de los socialistas es la ley. Una línea roja que la Declaración traspasa, ya que contradice a la Constitución española, que sitúa la soberanía en una entelequia como la del «pueblo español».

Sin menos artificios verbales, la exministra de Defensa, Carme Chacón, ha asegurando esta mañana que el PSC votará en contra de la Declaración, por lo que cabe preguntarse si el problema del PSC –que ha propuesto una reforma federalista de la Constitución– es el Estado propio o, directamente, el ejercicio del derecho a decidir, que asegura defender.

ICV-EUiA y CUP, dispuestas a negociar

Más allá de la previsible oposición del PP y de Ciutadans, la CUP, que ayer registró su propia propuesta de Declaración –en la que habla de Països Catalans y anima a la desobediencia institucional–, está estudiando el texto propuesto por CiU y ERC y se ha mostrado dispuesta a negociar su aprobación, siempre que no se impongan condiciones al proceso de autodeterminación, según señaló ayer su diputado David Fernández.

Una posición parecida a la de ICV-EUiA, cuya portavoz parlamentaria, Dolors Camats, ha calificado esta mañana de «positivos» los cambios introducidos en la Declaración, pero ha instado a que el texto se negocie en sede parlamentaria entre todas las formaciones interesadas.

Entre ayer y hoy, en el Parlament se han registrado las propuestas de CiU y ERC, del PSC, de ICV-EUiA, de la CUP y del PP, tras lo cual la Mesa ha elaborado el orden del día para el pleno del 23 de enero, en el que se votarán las diferentes propuestas. Esto no conlleva, sin embargo, el fin de las negociaciones, ya que se pueden introducir enmiendas que modifiquen la Declaración que finalmente se apruebe.