El espionaje político ha estado en el centro de las explicaciones que ha ofrecido en la Sala Mariana Pineda el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, el general Félix Sanz Roldán en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso español durante algo más de dos horas, a puerta cerrada.

Sanz ha acompañado su comparecencia con una proyección audiovisual en la que ha presentado las actividades de los servicios secretos españoles. Según han filtrado fuentes parlamentarias a la agencia Efe, el director del CNI ha negado de forma tajante que se haya espiado a políticos o empresarios en el Estado español y ha asegurado que los servicios de inteligencia no utilizan «atajos» ilegales ni «salen de caza».

Según esa filtración, el general ha afirmado que todas las comunicaciones que intercepta el CNI en el Estado español –unas mil al año– se hacen con autorización judicial y «debidamente motivadas».

Además, habría recomendado al presidente del Congreso, Jesús Posada, que instale en la Cámara Baja un sistema «antiescuchas» para garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones, aunque al mismo tiempo ha dicho que no tiene indicios de que se produzcan pinchazos en sede parlamentaria.

Expulsados nueve agentes por actividades ilegales

El director del CNI ha rechazado haber proporcionado a la Agencia de Seguridad de EEUU (NSA) datos relevantes al margen de los acuerdos bilaterales en materia de «terrorismo», crimen organizado, ciberespionaje o inmigración.

Preguntado si la NSA ha podido operar ilegalmente en el Estado español, ha reconocido que los servicios secretos estadounidenses se rigen por sus propias leyes, en concreto la ‘Patriot Act’, aprobada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, y no por las normas de los países donde están desplegados.

En este sentido, ha admitido que Madrid ha expulsado a nueve agentes –sin especificar fecha o país de origen– por actividades ilegales, según indica Efe.

PP, PSOE, IU y UPyD, satisfechos

Los portavoces del PP, Alfonso Alonso; PSOE, Soraya Rodríguez; IU, Cayo Lara, y UPyD, Rosa Díez, han expresado en líneas generales su satisfacción por el desarrollo de la comisión.

Soraya Rodríguez ha asegurado que el responsable del CNI ha dado «garantías de respeto» a los derechos de los ciudadanos en el Estado español.

Cayo Lara ha destacado que Sanz Roldán ha contestado a las quince preguntas que le ha formulado y que sale de la reunión igual de tranquilo o «desasosegado» que entró.

El presidente del Congreso ha opinado que la comparecencia del director del CNI ha sido muy «esclarecedora» y que a él, personalmente, le ha tranquilizado.

Posada ha confirmado que Sanz Roldán ha contestado a todas las preguntas que le han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios, a los que ha pedido que no desvelen el contenido de la comisión que, ha recordado, tiene carácter reservado.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha guardado silencio sobre su interpelación al director del CNI acerca del espionaje a formaciones políticas.

La cuestión del espionaje ya estaba en la agenda después del escándalo acerca de la interceptación de 60,5 millones de comunicaciones desarrollado por la NSA (National Security Agence). Una trama en la que habría participado también el propio CNI. Sin embargo, la publicación el domingo de un artículo en el diario ‘El País’ en el que se revelaba el seguimiento «permanente» realizado por espías españoles a dirigentes abertzales ha vuelto a fijar el foco en el espionaje político realizado desde Madrid al independentismo vasco.

Amaiur, que fue vetado por el PP en la comisión de secretos oficiales de la Cámara Baja, junto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) solicitó ayer la comparecencia de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión Constitucional. Además, ha formulado una batería de preguntas al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Rafa Larreina, diputado de la coalición, insistió ayer en que Moncloa no solo tiene que dar cuenta sobre el conocimiento que tenía el CNI acerca de las vigilancias realizadas por la agencia estadounidense, sino que debe explicar si tenía datos acerca de los seguimientos revelados el domingo por ‘El País’.

El veto del PP deja al Grupo Mixto sin respuestas directas

El veto del PP ha impedido que Amaiur o ERC estén sentados en la comisión de secretos oficiales y tengan acceso directo a información sensible. Desde el inicio de la legislatura, el Grupo Mixto no ha estado presente en las reuniones y una de las siete sillas reservadas a cada uno de los grupos permanece vacía.