El secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN y los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se han trasladado a la sede del PP han ido a por la documentación que había sido requerida anteriormente por Ruz sobre las obras de reforma que realizó el partido entre 2005 y 2011.

Ruz ha tomado esta decisión después de que el PP no le hubiera remitido la información que en su día le requirió y que recientemente supo que sí se la había hecho llegar a la Fiscalía Anticorrupción, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El pasado 13 de diciembre el PP presentó un escrito a Anticorrupción, que a su vez se lo hizo llegar a Ruz, en el que afirmaba que el informe de la Policía que confirma indicios de una contabilidad B en el partido se basa en «simples presunciones» y en ocasiones hace un «ejercicio de imaginación ciertamente asombroso».

La UDEF llegó a esta conclusión tras comparar la documentación sobre la reforma de la sede del PP en la calle Génova realizada por la empresa Unifica entre 2005 y 2011 con tres entregas en metálico por 888.000 euros al arquitecto de esta empresa Gonzalo Urquijo que aparecen en los papeles manuscritos del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Ese dinero, según concluía el juez, se habría abonado al arquitecto con la supuesta caja B del PP y los pagos «no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o 'B' llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta», por entonces gerente y tesorero, respectivamente.

Urquijo, declaró ante el juez hace tres días después de que su nombre apareciera en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas con la asignación de supuestos pagos en dinero en negro y dijo que nunca había cobrado de esa manera.

Ruz le citó a declarar tras confirmar en un auto y «a nivel indiciario» la presunta existencia «de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas».

Bárcenas también explicó en más de 150 folios cómo se financió la sede del PP en Bilbo, que habría sido financiada con dinero procedente de las donaciones ilegales aportadas por constructores de todo el Estado español.