El Parlamento de Gasteiz ratifica el informe sobre Epsilon que achaca responsabilidades políticas al PNV

El Parlamento de Gasteiz ha ratificado el dictamen de la comisión de investigación que atribuyó responsabilidades políticas a cargos del PNV que ocupaban cargos en el Gobierno de Lakua y en las tres diputaciones forales en 2007 por el fallido proyecto automovilístico Epsilon.

Naiz|Gasteiz|2014/10/02 18:35|3 iruzkin
Panel
Panel de votación del dictamen en el Parlamento de Gasteiz. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)

Todos los grupos parlamentarios –EH Bildu, PSE, PP y UPyD– a excepción del PNV han votado en el pleno a favor del dictamen de esta comisión creada en la Cámara para aclarar si fueron ajustadas a derecho las ayudas públicas que recibieron dos proyectos que fracasaron: Epsilon, que nació para competir en Fórmula Uno, e Hiriko, que pretendía comercializar un coche eléctrico.

Epsilon recibió unos 48 millones de euros en ayudas de varias administraciones públicas, entre ellas de los gobiernos de Lakua y Madrid, lo mismo que Hiriko, que obtuvo unos 16 millones.

El dictamen atribuye responsabilidades políticas a cargos del PNV que en 2007 estaban en Lakua y en las tres diputaciones por declarar como «estratégico» el proyecto Epsilon, sin tener «sólidos» fundamentos industriales y comerciales y sabiendo además que existía un riesgo alto de que no lograran sus objetivos.

Las personas a las que se achacan responsabilidades políticas en Epsilon, que no se mencionan expresamente en el dictamen, son las que formaban parte del Consejo Vasco de Promoción Económica, que en 2007 estaba presidido por la entonces consejera de Industria del Gobierno de Juan José Ibarretxe, Ana Agirre, actual viceconsejera de Justicia en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

El dictamen determina que también tienen responsabilidades políticas –aunque no especifica los nombres– quienes integraban el Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Araba, entre ellos cargos del PNV como Alfredo de Miguel, exdiputado alavés principal imputado en el denominado «caso De Miguel», una presunta trama de cohecho y blanqueo de capitales.

Durante el debate, el parlamentario de PNV Luis Javier Telleria ha censurado el documento porque está «plagado de verdades parciales» que llevan a «conclusiones tramposas» con el objeto de dar «sensación» de un «gran desastre en la gestión».

Igor López de Muñain (EH Bildu) ha dicho que ha quedado constancia de que Epsilon e Hiriko fueron proyectos «vacíos» que sólo buscaban «fondos públicos». También ha reiterado la necesidad de que el informe hubiera incluido los nombres de los responsables políticos y ha opinado que la «vergonzante» actitud «obstaculizadora» de PNV y PSE ha impedido que el texto «sea completo».

Vicente Reyes (PSE) ha defendido la validez del dictamen y ha asegurado que los socialistas son «intransigentes con cualquier forma de corrupción o de falta de transparencia en las instituciones públicas».

Carmelo Barrio (PP), quien fue presidente de la comisión de investigación, ha indicado que Epsilon e Hiriko son ejemplos de apuestas que han estado al «margen de la realidad» y ha insistido en la necesidad de «garantizar la transparencia y el rigor».

Gorka Maneiro (UPyD) ha respaldado el dictamen a pesar de que ha considerado que es «excesivamente suave y moderado» porque no incluye los nombres de responsables políticos ni recoge la responsabilidad que pudiera haber tenido el Gobierno español.