El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de tres años de prisión por delito contra las altas instituciones del Estado, el 498 del Código Penal, a ocho de los participantes en la acción de protesta en el Parlament, en un fallo en el que anula en parte las absoluciones acordadas por la Audiencia Nacional.

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Perfecto Andres, favorable a mantener la sentencia de instancia. Al ser Perfecto Andres el ponente inicial y quedarse en minoría la ponencia se cambió correspondiendo al presidente, Manuel Marchena, según fuentes judiciales.

Conflicto de derechos

En su sentencia los magistrados analizan la interpretación realizada por la Audiencia Nacional en relación con la colisión de dos derechos fundamentales en conflicto: el de libertad de expresión y el derecho de reunión.

Concluye que la Sala de instancia incurrió en un «patente error» a la hora de solucionar ese conflicto surgido por la convergencia de bienes jurídicos constitucionalmente protegibles, puesto que esos dos derechos «colisionaban» con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo, no puede ser contemplada como una «patológica colisión, sino como una realidad necesitada de un juicio ponderativo que defina el alcance de los derechos en conflicto».

El Supremo recuerda que delimitar y precisar su significado «exige resolver las tensiones derivadas de su respectiva convergencia mediante una dosificación que, en la medida de lo posible no imponga el sacrificio gratuito de unos frente a otros».