El informe de la Cámara de Comptos destaca que los convenios urbanísticos de Oncineda, en Lizarra, y sus anexos (en los que se fijaba el precio de compensación si un proyecto urbanístico no salía adelante) se firmaron por la alcaldesa «sin autorización expresa de la Junta de Gobierno Local» y añade que tampoco constan «informes técnicos-jurídicos, urbanísticos ni económicos que justifiquen la operación, algo especialmente relevante en el caso de los anexos».

«En opinión de la Cámara de Comptos, para la formalización de los convenios la alcaldesa tenía que haber recibido la autorización del Pleno o Junta de Gobierno», añade Comptos, que destaca que, además, el asesoramiento, control y seguimiento de los convenios se dejaron en manos de asesores externos, dificultando al personal municipal realizar un correcto seguimiento de los mismos.

El alcalde de Lizarra, Koldo Leoz (EH Bildu), ha denunciado este aspecto, alertando de que la mala acción de sus predecesoras, beneficiando a las constructoras, había dejado al Ayuntamiento en un situación cercana a la quiebra económica.

El informe de la Cámara de Comptos también confirma otra de las denuncias de Leoz y de EH Bildu, que la firma de la alcaldesa elevó de una manera no justificada el precio de las indemnizaciones que deberían cobrar los constructores. El precio inicialmente fijado por el Ayuntamiento es de 43,94 euros por metro cuadrados. Sin embargo, posteriormente, la firma de Ganuza lo elevó a 108 euros por metro cuadrado. Comptos destaca que «lo hizo basándose en un informe de valoración presentado por el propietario que el Ayuntamiento aceptó sin que conste un análisis del mismo». Es decir, que se puso el precio que quiso el propietario de los terrenos, actuando en perjuicio del propio Ayuntamiento. Para más inri, previamente el Ayuntamiento había reconocido que si un propietario conseguía un mejor precio, este se aplicaría a todos ellos.

Por ello, la firma de Ganuza hizo que las responsabilidades a las que el Ayuntamiento de Lizarra tenía que hacer frente pasasen de seis millones de euros a 10,1 millones. De la noche a la mañana y con una firma.

En las alegaciones presentadas por Ganuza al informe de Comptos señala que su labor de alcaldesa se limitó a «firmar los documentos que le son sometidos a la firma» y que se le informó de que tenía obligación de firmar los anexos.

Petición de comparecencia

Tras conocerse la publicación del informe de Comptos, los grupos que suscribieron el acuerdo programático (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E) han solicitado que la presidenta del órgano fiscalizador, Asun Olaechea, comparezca en el Parlamento navarro para dar explicaciones sobre el caso Oncineda.