Y a constituidos los nuevos equipos de gobierno de los ayuntamientos, cabe preguntarse qué lugar va a ocupar el área de consumo dentro de las políticas municipales. Y es que en tan solo una década, los organismos de consumo van pasando al baúl de los recuerdos, como inexistentes son en las diputaciones. Se siguen manteniendo a duras penas en los respectivos gobiernos de los cuatro herrialdes del sur de Euskal Herria, pero con escasos presupuestos y adornados con las florituras de nuevas figuras jurídico-administrativas, como son los institutos.

Con este panorama de falta de apoyo a lo que se da en llamar organismos de protección y defensa de las personas consumidoras, es urgente la reflexión colectiva sobre la problemática que el consumo plantea en la sociedad. La casuística de reclamaciones, que hace unos años incidía en el carácter individual de las mismas, hoy se desvela machaconamente de ámbito colectivo. Los problemas crecen, pero porque “la familia” crece.

En este abandono paulatino, pero firme, que se va extendiendo, todos tenemos en mayor o menor grado nuestra cuota de responsabilidad. Desde las propias administraciones, en la medida en que se iba alejando de su ámbito el núcleo decisional a otro mayor (léase estatal o europeo) y se relajaban con un problema menos, hasta el propio ciudadano, que a la hora de buscar una solución satisfactoria, pensaba que era el ombligo del mundo. De aquellos barros, nos viene lo que tenemos.

Pero es necesario recordar que los ayuntamientos y administraciones locales, como instituciones más próximas a la ciudadanía y, por tanto, a sus necesidades, deben jugar un papel importante a la hora de intervenir o de participar en todos aquellos asuntos que afectan al círculo de intereses de los vecinos. Y es en el ámbito del consumo, por su trascendencia en la vida cotidiana, donde la ciudadanía debe considerar obligatoria la actividad de estas instituciones públicas en una doble vertiente, intervencionista y prestacional.