Los problemas con la telefonía desbordan en las oficinas de Consumo y, aunque son de diversa índole, prevalece un denominador común que es la absoluta capacidad de las operadoras de telefonía para hacer lo que quieran con su clientela. Es así y así se lo contamos, hasta el punto de que las administraciones competentes de Consumo han visto necesarias las campañas de inspecciones oficiales (aunque no de oficio).

En la actualidad es muy habitual que las operadoras nos “abrasen” a llamadas comerciales para vendernos los productos de las compañías para las que trabajan. Claro, que entre la oferta y la práctica hay pocos elementos verdaderos recogidos en las facturas, así que leyendo la ley esta recoge que: «En aquellos casos en que sea el empresario el que se ponga en contacto telefónicamente con un consumidor y usuario para llevar a cabo un contrato a distancia, deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito, o salvo oposición del mismo, en cualquier soporte de naturaleza duradera. La persona usuaria solo quedará vinculada una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, que, entre otros medios, podrá llevarse a cabo mediante papel, correo electrónico, fax o sms».

Controles. En Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, Kontsumobide, organismo del Gobierno de Gasteiz, ha centrado su campaña en asegurar que las operadoras de servicios de telefonía faciliten a la persona consumidora toda la información contractual requerida por la ley (Art 98.1 del R.Dº Legislativo 1/2007 de la Ley General para la defensa de consumidores). También se solicitarán pruebas de la confirmación de la oferta por escrito, en el caso de que el proceso de venta se haya iniciado a iniciativa de la operadora (Art 98.6) y la entrega de la confirmación del contrato en un soporte duradero (Art. 98.7). Finalmente, se controlará a través de la comprobación de facturas que no se están facturando servicios no contratados. Son buenas las inspecciones, aunque la formalidad dure poco.