En el auto redactado para procesar a los once marroquíes, Ruz se basa en declaraciones de 19 víctimas que permiten «corroborar la indiciaria veracidad» de los delitos denunciados, apoyadas en muchas ocasiones por «documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas».

Destaca Ruz «el hecho fundamental que supuso el hallazgo» de dos fosas comunes en febrero de 2013 en la zona de Amgala «con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas», a raíz de lo cual tuvieron que declarar las personas que presenciaron esas ejecuciones, así como sus familiares.

El magistrado se refiere a las conclusiones del informe “Meheri. La esperanza posible”, elaborado por investigadores vascos como Paco Etxeberria y Carlos Marin Beristain, que permitió documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis llevadas a cabo por el Ejército marroquí. Entre los procesados están el exgobernador de la Administración Territorial del Ministerio de Interior Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ouassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendermaría Real Driss Sbai. Contra todos ellos el juez acuerda la «busca, detención e ingreso en prisión» a efectos de extradición.

Además, Ruz procesa al coronel Lamarti y a los presuntos «responsables de genocidio» Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. El magistrado solicita a Rabat que aporte los datos que posea para su «identificación y filiación».

Ruz justifica el procesamiento por genocidio apuntando que las acciones cometidas por los procesados se dirigieron «unívocamente contra los saharauis, que fueron sometidos a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marrue- cos». Las acciones de los procesados, detalla el juez, tenían como única finalidad «destruir» a la población saharaui a través de métodos muy violentos.