A principios de marzo el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, propuso implantar en Lanbide la huella digital como sistema de reconocimiento de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para «aquellos casos en los que técnica y jurídicamente se considere necesario». Si bien el consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Ángel Toña, rechazó la propuesta, ayer el director general del Servicio Vasco de Empleo, Adolfo Alustiza, reveló que llevan meses analizando la implantación de este sistema.

En declaraciones a Radio Euskadi, Alustiza se mostró partidario de la posibilidad de establecer la huella electrónica o cualquier otro sistema de identificación que evite el fraude, pero recalcó que «no admitimos que sea solo para la RGI y solo para controlar a cierto tipos de personas, porque eso es discriminatorio». Añadió que «si todos estamos de acuerdo en que ponemos nuestro dedo para transacciones electrónicas, pero todos, perfecto».

Por su parte, señaló que el índice de fraude de la RGI, ayuda que beneficia a 130.000 personas, es «del 0,3% del total del dinero que se gestiona». En esta línea, subrayó que «cuando se habla de fraude hablamos de una mínima parte del sistema» y, sin citar a Maroto, advirtió que el hecho de que haya quien afirma que existe fraude, pero no presenta «denuncias concretas», hace pensar que «se usa el fraude para poner en cuestión todo un sistema de protección».

«Si nosotros dedicamos 2.270 euros para personas con carencia al año y Castilla-La Mancha, por ejemplo, 7 euros al año por persona, quizá lo que estamos ocultando con esta discusión sobre el fraude son ciertas políticas que llevan a desigualdades profundas en la sociedad», indicó Alustiza en referencia al PP.

También denunció que «el nivel de consenso» logrado en la CAV tras más de 25 años de gestión de un sistema de inserción «se ha roto y se ha establecido un debate muy cerca de fechas electorales que nos está distorsionando un poco».