«Los derechos de la mujer no son absolutos, pero existen. También está el bien del no nacido, al que hay que proteger». Con estas palabras, la diputada del PP, Marta González, abría fuego para defender la proposición de ley impulsada por el PP que busca recortar los derechos de la mujer a la hora de abortar.

En principio, el borrador se ciñe al apartado 4 del artículo 13 de la norma aprobada en 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula la posibilidad de las mujeres de 16 y 17 años de interrumpir voluntariamente el embarazo sin consultar a sus padres en determinados supuestos. Sin embargo, la agenda conservadora de Génova tiene más recorrido. Tras el fallido intento del ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de poner en marcha una contrarreforma que terminó frustrada y con su responsable dimitido, el PP confía en dos vías para recortar los derechos de la mujer. Por una parte, en esta proposición, que todavía tiene por delante la fase de enmiendas. Por otra, en el recurso interpuesto hace cinco años ante el Tribunal Constitucional.

Al vehicular la iniciativa a través de su grupo parlamentario, el PP busca amarrar los votos de sus sectores más ultras, decepcionados con la retirada del proyecto de ley del aborto. Sin embargo, no parece que lo hayan conseguido. Ayer, la diputada Eva Durán votó en contra y otros cuatro no avalaron el plan por considerarlo insuficiente. Se trata de José Eugenio Azpiroz, elegido por Gipuzkoa, Javier Puente, Lourdes Méndez y Antonio Gutiérrez. El portavoz parlamentario, Rafael Hernando, advirtió que serán sancionados y Marta González, desde el escaño, quiso sacar músculo argumentando que el hecho de que se impugne solo una parte no implica «que validemos la ley en vigor». Para tumbarla, confían en la mayoría conservadora que ahora domina el TC. Este lleva cinco años sin emitir un fallo y la diputada del PP le instó a posicionarse «ya».

Después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurase que el aborto «no es un derecho», el debate se mantuvo en los mismos términos ideológicos. «Una cosa es el derecho a la maternidad y otra el derecho absoluto al aborto», argumentó González, que para censurar la actual ley se apoyó en afirmaciones críticas de exlíderes del PSOE como Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Como contrapunto, puso en el punto de mira a lo que definió como «feministas radicales», a quienes citó en dos ocasiones.

Los grupos abertzales se sumaron al «no» de casi toda la oposición. Sin embargo, el PP no se quedó solo. Carlos Salvador (UPN) quiso demostrar que está a la derecha de Génova y Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) y los seis diputados de Unió también también dieron el «sí». El debate y el riesgo de regresión siguen tanto en el Congreso como en los tribunales.

El feminismo, sin acceso al Congreso

Ana María Pérez del Campo, histórica feminista española y actual presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, no pudo acceder a la tribuna del Congreso por el veto expreso del presidente de la Cámara, Jesús Posada. Le impidió acceder argumentando que ya fue expulsada por una protesta registrada cuando se votaba una iniciativa sobre custodia compartida lanzada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, las protestas contra la propuesta del PP se mantuvieron en el exterior de la institución. Por la mañana, la Conferencia Episcopal y sus asociaciones satélites habían dirigido sus dardos hacia los conservadores. La representación eclesiástica, instándoles a no multar a los diputados díscolos; y los mal llamados «grupos pro vida», depositando más de 20.000 firmas en apoyo a estos parlamentarios.A.P.