LAB reclama a Lakua un modelo propio de Formación Profesional Continua
LAB ha reclamado al Gobierno de Gasteiz que haga una apuesta por el desarrollo de un modelo propio de Formación Profesional Continua, en el que los fondos se destinen a dicha formación y no a financiar la intermediación que hacen hoy Confebask, CCOO y UGT.
Bea Martxueta, secretaria de políticas sociales de LAB, mostró ayer su preocupación por la situación en la que se encuentra la Formación Profesional Continua, ya que «no se está haciendo nada» sobre un tema que considera «de gran importancia» tanto para la cualificación de los trabajadores como para la mejora e innovación del tejido productivo vasco.
Tras recordar las consecuencias que va a tener la reforma recientemente aprobada por el Gobierno español, Martxueta pidió a Lakua «una apuesta política e institucional consecuente con el desarrollo de un modelo propio de formación continua», así como la «plena capacidad de organización, recuperando y reforzando las características del modelo que dio lugar al nacimiento de Hobetuz».
Asimismo, reclama que se adopten las medidas necesarias para garantizar la financiación necesaria vía cuotas o sistema de cupo, «desvinculando de la autodenominada caja única las cuotas que pagamos los trabajadores y las empresas vascas».
A juicio de este sindicato, resulta imprescindible un modelo en el que los fondos se destinen a la formación continua «y no a financiar la intermediación de quienes hoy lo hacen», en referencia a CCOO, UGT y Confebask.
«Sucursal» de Madrid
La Fundación Vasca para la Formación Continua, Hobetuz, se constituyó en 1996 para impartir y gestionar cursos de formación para los trabajadores. En el año 2007, ELA y LAB decidieron abandonarla al considerar que se había convertido en una «mera sucursal» de Madrid.
Actualmente, Hobetuz se encuentra pendiente del pago al SEPE de 25,7 millones de euros por unos fondos europeos que no se llegaron a gastar, lo que refleja, a juicio de LAB, la «permanente dependencia a la que han sometido a Hobetuz».
Además, a finales de marzo, el Gobierno español aprobó un decreto en el que se veta a patronales y sindicatos la posibilidad de impartir cursos para evitar que sirvan para su financiación irregular. No obstante, LAB cree que la nueva regulación «mantiene buena parte de la capacidad de gestión del negocio a la patronal, CCOO y UGT».

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