La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, y el secretario de la Federación de Industria, Asier Imaz, comparecieron ayer en Bilbo para explicar su propuesta sobre el sector de la Construcción, que es el que acumula mayor precariedad y siniestralidad.

Etxaide destacó que, en la actualidad, la mayor carga de trabajo en la construcción se origina en la obra pública, lo que consideró un «activo» para su propuesta, ya que su aplicación dependerá de la «voluntad política».

La primera medida de dicha propuesta consiste en que la adjudicación de la obra se oferte a su precio real y no haya posibilidad de que las empresas ofrezcan reducir presupuesto, ya que, posteriormente, las compañías «equilibran y recuperan» las cuentas a costa de las condiciones laborales y salarios de los trabajadores. A la hora de concurrir a una adjudicación, la competencia entre empresas se debe limitar a la calidad de la obra y al cumplimiento del convenio, según recalcó Etxaide.

Otra medida hace referencia a las subcontratas y a la necesidad de garantizar que cumplan las condiciones laborales para que «no se haga un negocio» de esta modalidad de trabajo, también a costa de los trabajadores. «La empresa principal subcontrata la actividad, no su responsabilidad de que la subcontrata cumpla el convenio», precisó.

LAB también propone, como tercera medida, la creación de un registro de empresas que no cumplen la legislación laboral y que, por tanto, no puedan acceder a las adjudicaciones.

Asier Imaz denunció que los «grados de impunidad» con los que trabajan algunas empresas «han rebasado todas las líneas rojas».