El pasado 20 de marzo, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), entidad dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como «probablemente cancerígeno». «Hay evidencia limitada de que puede producir linfoma no Hodgkin en humanos, pero hay pruebas convincentes de que puede causar cáncer en animales de laboratorio», concluyó en su investigación.

Colombia es, actualmente, el único país del mundo que utiliza este herbicida, comercializado por la estadounidense Monsanto, en las aspersiones aéreas. Lo comenzó a aplicar como parte del Plan Colombia para la erradicación de cultivos ilícitos. Desde entonces, la única vez que el Estado colombiano suspendió su uso –durante un periodo de cinco meses– fue en setiembre de 2013 a raíz de la muerte de un piloto estadounidense en el departamento del Caquetá, cuyo avión, un Turbo Crush, fue derribado por las FARC tras despegar de la base militar de Larandia rumbo a San Vicente del Caguán.

En 2007, el entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, anunció la suspensión de las fumigaciones con glifosato de cultivos de amapola por el frontal rechazo de los campesinos y los riesgos para su salud. Y Colombia se quedó sola en su utilización vía aérea, ya que otros países, como Argentina, lo emplean para fumigar cultivos transgénicos de soja, de maíz y algodón.

«Los resultados de nuestras estimaciones indican que hay una relación causal fuerte y robusta entre la exposición al glifosato asperjado y la probabilidad de contraer enfermedades dermatológicas y respiratorias, así como en las pérdidas no deseadas de embarazos», explica en una reciente entrevista en el periódico colombiano “El Espectador” Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes y expresidente de la Comisión Asesora para la Política contra las Drogas.

Considera, además, «de muy baja efectividad la aspersión con glifosato en la reducción de los cultivos de coca. Hemos calculado que eliminar una hectárea mediante este método cuesta cerca de 72.000 dólares, de los cuales dos terceras partes son asumidos por Colombia y una tercera por EEUU». Mejía reconoce que «el tema tiene unas aristas más complicadas que lo estrictamente técnico», porque detrás del glifosato están la todopoderosa Monsanto, el Plan Colombia y la sombra alargada de Washington.

«El Gobierno estadounidense tendrá que entender que a Colombia le está resultando muy cara esta política en cuanto a recursos económicos, sanitarios, medioambientales...», sostiene Mejía. E invita a «reasignar los recursos y personal –empleados durante décadas en las aspersiones aéreas– a combatir el crimen organizado y la fase final del procesamiento de la cocaína y su tráfico».

Además del potencial daño físico que puede ocasionar a las personas y al ganado, y al ecosistema por extensión, la profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Suothern (California) Sandra Renzo advierte de que el glifosato también puede provocar fracaso escolar. «Es posible que cada vez que asperjan las avionetas, los padres, para recuperarse económicamente, saquen a sus hijos mayores de la escuela para que trabajen. Pocos vuelven a clase».

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org bajo el lema «#Nofumigación» por «agravar la pobreza de los campesinos en Colombia».

Hasta octubre de plazo

Así las cosas, el sábado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), conformado por varios ministros, que «en su próxima reunión –el viernes, día 15– suspenda el uso de glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos». «Pero quiero ser muy claro: que esto no se interprete como un debilitamiento de nuestra lucha contra el narcotráfico», enfatizó. Afirmó que «habrá un periodo de transición, que no puede ir más allá del 1 de octubre, en el que se deben buscar mecanismos para reemplazar las aspersiones con glifosato», entre los que citó «la erradicación manual».

Esta decisión ha generado polémica en el país, incluso dentro del propio Gobierno, ya que mientras el ministro de Salud se mostró partidario de evitar este controvertido herbicida, el titular de Defensa apoyó públicamente su utilización.

Un compromiso del gobierno con las farc en la mesa de La habana

El tercer acuerdo parcial firmado en mayo pasado por los delegados de las FARC-EP y el Gobierno en La Habana relativo a la «solución al problema de las drogas ilícitas» reserva las fumigaciones con aviones para «casos extremos», pero con el compromiso por parte del Ejecutivo de proceder «respetando los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir» de los campesinos.

En un comunicado del 30 de abril, las FARC exigieron «la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato o cualquier otro agente químico y la reparación integral de sus víctimas. El esquema no es la erradicación sino la sustitución voluntaria».A. L.