«Vamos a denunciar que se pretenda equiparar la acción criminal sistemática de ETA, cuyos atentados provocaron cientos de asesinatos, destinada a imponer un proyecto político, a otros hechos que también han supuesto vulneración de derechos pero que tienen su origen en otras circunstancias, muy distintas entre ellas en muchos casos». El último párrafo de la nota remitida ayer por el PSE en nombre de Idoia Mendia es elocuente sobre la postura que ese partido va a mantener en el encuentro que Iñigo Urkullu tiene previsto celebrar el 4 de setiembre con más de un centenar de alcaldes, para tratar la celebración de actos de recuerdo de las víctimas del conflicto.

Un contencioso cuya misma existencia el PSE insiste en negar. De hecho, el encabezado de la nota advierte de que los alcaldes de ese partido «exigirán a Urkullu que no avale la tesis del conflicto político», y en el texto desarrolla el argumento indicando que «no compartimos el intento de diluir la violencia específicamente desarrollada en Euskadi –el terrorismo de ETA y los terrorismos que trataron de combatirlo ilegalmente– en un conjunto de violencias que ven- drían a avalar la tesis del conflicto político». No aclaran a qué responden a su juicio el resto de ese «conjunto de violencias».

Abundando en esa tesis, Mendia afirma que «como sucede con las víctimas del terrorismo, todas las víctimas de la violencia cuya condición esté contrastada deben ser reconocidas y atendidas», pero apostilla que «estos reconocimientos deben tener lugar de forma diferenciada porque la causa de su victimización fue distinta». Y por si había dudas, insiste en que «no compartimos la filosofía que impulsa los bautizados Retratos Municipales de Vulneraciones del Derecho a la Vida que incluyen a víctimas mortales como consecuencia de excesos de las Fuerzas de Seguridad y otros de autoría confusa».