La confección de un «mapa geográfico de la distribución de personas musulmanas, con sus mezquitas y asociaciones» en el marco del Plan Estratégico contra el Islamismo Radical evidencia que la representación política de la población musulmana (re)produce y refuerza la división de la sociedad en grupos étnico religiosos, a través de la noción de «comunidad sospechosa» y el impacto negativo que genera en los musulmanes y musulmanas (sentimiento de discriminación, estigmatización y rechazo).

La lucha contra la islamofobia (uno de los objetivos del Plan) resulta un oxímoron, un contrasentido, ya que la «radicalización» es presentada como un fenómeno inherente a la comunidad musulmana, y la lucha contra esa «radicalización» actúa como un discurso eficaz de legitimación de la acción policial en ámbitos de actuación que no son competencia habitual de la Policía, como la escuela, la religión o las políticas sociales de acogida y acompañamiento de menores.

La «radicalización» es un concepto político mal definido, complejo, controvertido y problemático. De nada sirve focalizar sobre individuos o grupos y sus lugares de socialización, obviando las circunstancias políticas, económicas y sociales que hacen que las personas atribuyan un sentido al mundo y actúen sobre este.