El Gobierno municipal, a través de varios decretos de Alcaldía, ordenó en junio pasado el pago de diferentes facturas a la empresa Garbialdi SA por servicios prestados en el cementerio municipal correspondientes a ejercicios cerrados, de 2010 a 2014. Antes de la rúbrica de los decretos, la interventora advirtió de que esos pagos por un importe total de 56.900,02 euros no se ajustaban a la legalidad, pues «no fueron presentadas en el registro de entrada de este Ayuntamiento en sus fechas correspondientes (el registro es de fecha 24 de abril de 2015)».

La irregularidad se ha conocido a raíz de una consulta formulada por EH Bildu a la secretaria. Se apunta a que la norma foral fija que las facturas de aquellos ejercicios debieron hacerse en el año natural del mismo, dejando claro que no existe un reconocimiento extrajudicial que le dé cobertura como tampoco la existencia de informe técnico que justifique su abono.

Además, no se respeta el orden de prelación de pagos de las facturas en base a la antigüedad de las mismas y no hay constancia del visto bueno municipal al servicio por parte de ningún técnico. También se constata que no hay un contrato respecto al mantenimiento del cementerio local con esa empresa.

Esa nueva irregularidad se conoce cuando ya son en torno a 700 los vecinos que han rubricado un escrito, impulsado por la iniciativa Alonsotegi Orain, donde se solicita al Consistorio que realice una auditoría para «detectar posibles errores administrativos o irregularidades en la gestión municipal». Los promotores esperan que más residentes firmen esta petición, al tiempo que ultiman otra reclamación al Ararteko.

Alonsotegi Orain espera que el PNV «recapacite» y acepte en el pleno de enero la propuesta de una mayoría ciudadana.