La operación de liquidación del banco Banif transmite los activos y pasivos debidamente provisionados al banco Santander Totta. El resto de activos y pasivos, los problemáticos, quedan en la entidad para su liquidación o venta ordenada.

El coste de la operación para las arcas públicas es sustancial. El nuevo ejecutivo luso aporta 2.255 millones para cubrir el déficit de financiación de la parte enajenada y más de 400 millones para la transferencia de los valores problemáticos. La aportación pública equivale al 1,4% del PIB de Portugal, aunque no contabilizará en el cálculo del objetivo de déficit por la «naturaleza de la operación», según confirmó el Ministro de Finanzas Mário Centeno.

Por su parte, la Comisión Europea dio el visto bueno a la operación, tras comprobar que cumple con las reglas comunitarias de liquidación de bancos. Además de las ayudas directas del ejecutivo luso, la Comisión aprobó una garantía estatal para hacer frente a posibles pérdidas de valor de los activos adjudicados a Santander Totta. En conjunto se movilizarán 3.000 millones de fondos públicos.

Cabe recordar que en el año 2013 el Gobierno de Portugal ya inyectó a Banif 1.100 millones de euros de los que únicamente ha devuelto hasta la fecha 275 millones. Es por ello que el primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, reconoció que la liquidación tiene «un coste muy elevado para los contribuyentes», en una intervención televisada a medianoche y sin preguntas.

El primer ministro subrayó que la decisión «protegía la economía, los ahorros de los depositantes, los puestos de trabajo y las estabilidad del sistema financiero». Añadió que la situación de urgencia era conocida por el anterior ejecutivo «desde hace más de un año» y que la Comisión Europea dio de plazo hasta marzo a las autoridades lusas para presentar «un plan creíble de reestructuración de Banif». Nueve meses después nada estaba resuelto.

La urgencia se debe a que a partir del 1 de enero la norma europea obliga a accionistas, acreedores y ahorradores con depósitos superiores a 100.000 euros a responder en caso de quiebra.