Desde el pasado viernes, 1 de enero de 2016, los barcos que capturan merluza, muy importante para la flota vasca, y cigala, de menor calado, están sometidos a las normas de la Unión Europea que prohíben el descarte de pescado (capturas no deseadas de peces que después se tiran al mar).

En 2016 se amplía a estas dos especies la regulación comunitaria contra el desperdicio que supone el descarte de pescado, que se empezó a aplicar en 2015 y que poco a poco se irá extendiendo a todos los caladeros, hasta completarse en 2019.

Para garantizar que se cumple la prohibición, los barcos están obligados a desembarcar obligatoriamente todas sus capturas en los puertos. Esto implica que la tripulación debe subir al barco todo el pescado capturado, anotar las cantidades en el diario de a bordo, distribuirlo en cajas y llevarlo al puerto.

Para compensar a la industria por el esfuerzo extra derivado de desembarcar estas capturas, la CE ha admitido ligeros aumentos en los Totales Admisibles de Capturas de la merluza y otras especies demersales.

Tanto esta medida como las cuotas de pesca para este año han generado malestar y dudas en el Gobierno de Lakua y entre los arrantzales, que desconocen cómo podrá afrontar el sector el nuevo ejercicio con los cupos.

Exactamente, Bruselas acordó las reducciones de las cuotas en la merluza del sur (-21,5%, que pasa de 8.848 toneladas en 2015 a 6.946), el rape ibérico (-14%, de 2.490 a 2.141 toneladas) y el verdel (-15%, hasta las 33.748 toneladas), especies muy importantes para la flota vasca. Se mantienen en el mismo nivel de 2015 las capturas de anchoa y bonito en el Cantábrico.