Las razones de la movilización de ayer eran diferentes según el ramo: reforma en la enseñanza de los colegios (tramo de 11 a 14 años) que entrará en vigor en el próximo curso y que, según algunos sindicatos, comporta recortes inadmisibles como la supresión de clases bilingües; reforma del sistema de primas y deterioro en las condiciones de trabajo por parte de los controladores aéreos; falta de medios en hospitales, etc. Pero la reivindicación principal en la que convergían todos era la subida salarial.

Los funcionarios denuncian la bajada del poder adquisitivo que soportan desde que hace cinco años se les congelaran los salarios. La elección de la fecha no es baladí puesto que a principios de febrero comienzan las negociaciones con la ministra de la Descentralización y la Función Pública, Marylise Lebranchu, que se prevén arduas tras su reciente anuncio ante el Consejo Superior de la Función Pública territorial de que «no habrá buenas noticias en los próximos 15 días». Por lo tanto, cabe concluir que la pretensión de la jornada de protesta de ayer era la de manifestar al Gobierno el malestar de los funcionarios y su resolución a pelear por la actualización salarial que piden.

Un objetivo cumplido a medias ya que, empezando por la división sindical (algunos grandes sindicatos no se sumaron a la movilización), la respuesta a la convocatoria fue regular. Fue el sector de la enseñanza el que más se movilizó.

En Ipar Euskal Herria, el principal termómetro para evaluar el seguimiento de la convocatoria fue la manifestación que tuvo lugar por la mañana en Baiona. Unas 700 personas secundaron la marcha que comenzó en la plaza Saint Ursule y finalizó ante la subprefectura con una parada ante el ayuntamiento en donde se incorporaron los reunidos por el sindicato de la enseñanza FSU.

El sindicato LAB también estuvo presente en la misma y colocó varias pancartas durante el trayecto. Sin embargo, como viene siendo habitual, la intersindical excluyó al sindicato abertzale en la intervención final y también de la delegación que fue recibida en la subprefectura para plantear sus reivindicaciones.

Otro dato que traslució fue el de las perturbaciones habidas en el aeropuerto de Biarritz donde algunos vuelos, principalmente los de la línea que une la capital con la localidad costera, fueron suspendidos y otros sufrieron retrasos.

También los taxistas

Aunque no forman parte de la función pública, 19 organizaciones sindicales del sector de los taxistas también habían llamado ayer a la huelga para exigir la supresión de los VTC (Vehículos de Transporte con Chofer) que, tras la aprobación de la ley de transporte interior en octubre de 2014 pueden ofrecer servicios de transporte al público.

Los taxistas consideran que sus prácticas son «ilícitas» (ocupación de la vía pública, utilización de vehículos de transporte colectivo de 2 a 10 personas, competencia desleal, «caza» al cliente…) y han reiterado muchas veces su exasperación por ello máxime cuando en los últimos 6 meses sus ingresos han bajado un 30% por esa competencia, según afirman.

Como se temía por lo ya sucedido en junio de 2015, ayer también hubo incidentes, en particular, en el aeropuerto de Orly y en la periferia parisina donde unos 1.500 taxis se concentraron en la Porte Maillot. Hubo cortes de carretera, barricadas incendiadas y enfrentamientos con los CRS que llegaron a detener a unas 22 personas. Todo ello mientras el Primer Ministro, que criticó duramente los incidentes, se reunía con representantes del sector.

En el encuentro en el que también participaron los ministros de Interior y de Transportes y Consumo, Manuel Valls les prometió que abriría una «concertación» con los representantes del sector y que incrementará los controles contra el fraude y los «comportamientos abusivos para garantizar una competencia leal».

En Ipar Euskal Herria, fueron los taxistas del aeropuerto de Biarritz quienes por la mañana declinaron ofrecer sus servicios pero no hubo incidentes reseñables.

La CGT-64 no quiere una mancomunidad única

Al hilo de las movilizaciones de ayer, la CGT-Función Pública del departamento de Pirineos Atlánticos hizo público su excepticismo sobre la creación de una mancomunidad única que integraría el conjunto del territorio de Ipar Euskal Herria.

El sindicato critica «la ausencia total de debate democrático» respecto a la cuestión que, considera «se está magnificando por parte del Prefecto y de algunos electos como si fuese el remedio a todos los males», lo que ponen en duda.

Estima que, más allá de «preocupaciones culturales o identitarias», hay que ir a «lo concreto, a las consecuencias reales para los trabajadores y funcionarios del servicio público». La CGT cree que una estructura institucional de ese tipo acarreará «ajustes por lo bajo», degradará el empleo y los servicios públicos y los empujará a la privatización. «Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino pero no nos vamos a dejar engañar por esos argumentos que no responden a los retos del empleo y del servicio público», apostilló.A.M.