Los bajos precios del petróleo y de otras materias primas no van a permitir al Gobierno ruso cuadrar sus cuentas este año, por lo que ya está buscando completar sus ingresos con la privatización de varias empresas estatales. La previsión de ingresos es de 800.000 millones de rublos, alrededor de 10.000 millones de euros, cantidad que permitiría cubrir un punto porcentual de déficit, estimado en el 4,6-4,7% del PIB para este año.

Finalmente, son cinco las empresas que el Gobierno pretende privatizar parcialmente. En primer lugar están las dedicadas a la extracción de petróleo y gas: Rosneft (el 69,5% del capital es público) y Bashneft (100% estatal). A continuación aparece la compañía de extracción de diamantes Alrosa, cuyos principales accionistas son el Gobierno ruso (43,9%), el Gobierno regional de Yakutia (25%) y 8 municipios de la región (el 8%). Otra empresa a privatizar es la sociedad de transporte marítimo Sobkomflot (100% estatal), especializada en transporte de gas. Cierra la relación el grupo bancario VTB (Vneshtorgbank), del que el Estado posee el 85% del capital.

Amplio debate

Los planes de privatización del Gobierno han encendido un amplio debate social en Rusia. En lo que sí ha habido un amplio acuerdo ha sido en valorar la actual coyuntura económica como no adecuada para la venta de activos públicos, puesto que las empresas a privatizar están relacionadas con la energía y las materias primas –excepto un banco– y los bajos precios en los mercados mundiales han rebajado la valoración de los activos de dichas compañías.

También se han planteado propuestas que buscaban frenar la privatización. La Agencia Federal para la Gestión de la Propiedad Estatal (Rosimushestvo), por ejemplo, propuso aumentar la parte de los beneficios que se destina a pagar dividendos a los accionistas del 25% actual al 50%, de modo que el Estado pueda cobrar esos dividendos sin necesidad de vender la propiedad de los activos.

La directora de Rosimushestvo, Olga Dergunova, declaró la pasada semana que esta medida podía proporcionar al Estado alrededor de 110.000 millones de rublos, unos 1.400 millones de euros.

Es una medida poco ortodoxa que ha recibido importantes críticas. Sus detractores argumentaron que deterioraría todavía más el clima inversor en el país, puesto que las compañías rusas acostumbran a financiar la mayor parte de sus inversiones a cuenta de sus ganancias. Las empresas extranjeras, sin embargo, las financian por medio de préstamos o ampliaciones de capital.

En cualquier caso, una medida única para todas las empresas no es viable puesto que cada una de ellas se encuentra en una fase del ciclo empresarial y presentan distintas necesidades financieras y de capital. El año pasado, por ejemplo, la petrolera Rosneft repartió el 17% del beneficio en forma de dividendos, mientras que en el caso de Alrosa fue el 46% y la compañía de gas Gazprom distribuyó prácticamente el 90% de las ganancias a sus accionistas.

Criterios para la venta

El ministro de Desarrollo Económico, Alexei Ulyukáev, fue el encargado de dar los pormenores del proceso de privatización y, además de la comentada lista de empresas, explicó los criterios que seguirá el Gobierno. Tal y como adelantó el presidente Vladimir Putin a principios de febrero en una reunión con altos funcionarios y dirigentes de las empresas públicas en el Kremlin, la primera norma a seguir es que el Gobierno ruso no perderá el control sobre las empresas que considera estratégicas, por lo que los paquetes que se pongan a la venta serán limitados.

El Gobierno exigirá, asimismo, que el comprador tenga una estrategia de desarrollo para la compañía adquirida. Otro tipo de condiciones buscan asegurar la transparencia sobre los compradores de las acciones. Así, el Gobierno exigirá que el adquiriente se encuentre «bajo jurisdicción rusa». El Gobierno no admitirá tampoco que se utilicen «esquemas grises» que permitan sacar offshore los activos y ocultar a los verdaderos propietarios.

Una última condición implica que los compradores han de poseer fondos propios o créditos que en ningún caso pueden ser de bancos estatales. El sentido de toda privatización es atraer ahorro que se haga cargo de activos a los que pueda mejorar su rendimiento, por lo que carece de todo sentido económico que el Estado ruso financie –aunque sea indirectamente, a través de bancos públicos– la compra de los bienes privatizados.

En la reunión celebrada en el Kremlin, Putin señaló que la privatización no es solo una cuestión de «carácter fiscal», sino que además ha de ser un «camino para introducir cambios estructurales en la economía». En ese sentido, concluyó que «solamente un enfoque que tenga en cuenta ambos aspectos permite un balance efectivo entre la participación pública y el capital privado en la economía del país».

Sin embargo, más allá de los discursos, el carácter estratégico de las empresas a privatizar limita en gran medida la aportación de capital privado y la capacidad de incidencia en el desarrollo de la actividad productiva. Lo que prima en este momento es la naturaleza básicamente fiscal del proceso de privatización.

Lukoil se prepara

En medio de este debate, la compañía petrolera privada Lukoil anunció que había logrado que el Gobierno ruso asignara a su filial en Kaliningrado la explotación del yacimiento D33, situado en la plataforma continental del mar Báltico. La compañía pagará por su explotación 216,7 millones de rublos, alrededor de 2,7 millones de euros.

Antes de recibir la asignación, el jefe de la Oficina Federal Antimonopolio, Igor Artemiev, informó de que la probabilidad de que esta agencia apruebe la compra por parte de Lukoil de las acciones de la empresa Bashfnet en una hipotética privatización es alta.

Lukoil controla algo menos del 10% del mercado ruso, mientras que la empresa a privatizar Bashneft alcanza el 5%, por lo que, con la adquisición de la segunda, la primera llegaría a un máximo de 15%. Artemiev estima que superando el 35% de cuota de mercado sí se consideraría posición de monopolio.

Estos movimientos evidencian el interés del capital privado ruso por participar en el proceso de privatización. Pronto se dirimirá la propiedad de bienes y activos públicos valiosos y altamente lucrativos.

Los gobiernos regionales también privatizan

El déficit presupuestario afecta también a los gobiernos regionales, que han visto mermar sus ingresos, sobre todo los provenientes de empresas públicas relacionadas con el complejo energético. Con el fin de completar sus menguantes recursos, las entidades regionales están preparando sus propios planes para vender parte de los activos públicos que poseen.

Una de las primeras regiones en presentar su plan ha sido Tatarstán, que preve privatizar el 4,3% de las acciones de la petrolera Tatneft, el 22,1% de las acciones de la petroquímica Nizhnekamskneftejim y el 9% de la del complejo de refino Taneko.

El ministro ruso de Desarrollo Económico, Aleksei Ulyukáev, aseguró que Moscú coordinará los procesos de privatización con los gobiernos regionales. Puntualizó que no era «absolutamente necesario» que los primeros activos en venta durante el proceso de privatización fueran los del Gobierno federal.I.E.

Cesión gratuita de viviendas públicas

El ministro de Construcción y Vivienda ruso, Mijail Men, anunció hace unos días que el Gobierno alargará un año más el periodo para la privatización gratuita de viviendas públicas a la que tienen derecho sus actuales inquilinos. El proceso de privatización del parque público de viviendas comenzó en 1992 y en teoría terminaba el año pasado. Sin embargo, en el último momento, la Duma (Parlamento ruso) –a iniciativa del partido Edinaya Rossia, presidido por el primer ministro, Dmitri Medvédev– decidió prolongar un año más el proceso.

Esta vez ha sido el Gobierno el que ha retrasado el límite, hasta el 1 de marzo de 2017. La principal razón esgrimida ha sido la de evitar discriminar a los habitantes de Crimea con respecto a los del resto de Rusia, puesto que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de optar a ser titulares de su vivienda ya que estaban bajo administración de Ucrania.

Si hace un año los expertos calculaban que el 30% de las viviendas susceptibles de ser privatizadas no habían sido todavía reclamadas por las personas que las habitan, en la actualidad quedan en esa situación alrededor del 20% del total, según afirmó Men.

La razón del escaso interés por convertirse en titular de la propia vivienda es el exiguo valor de las edificaciones que forman parte del parque público. La mayoría de ellas necesitan importantes reformas que, una vez cambiada la titularidad, deberán acometer los nuevos propietarios, lo que desincentiva a sus moradores a asumir la propiedad.

Con este proceso de privatización, el Estado se desprende de unos activos de poco valor, puesto que están prácticamente amortizados, y, además, se ahorra el mantenimiento y las más que probables obras de rehabilitación en la mayoría de ellos.

Más allá de cual sea el precio a pagar por los activos a privatizar, los procesos de venta de bienes públicos suelen tener un efecto positivo en la actividad económica en el caso de que consigan movilizar el ahorro de la población para financiar nuevas inversiones, cuestión harto difícil en el caso en una población fuertemente empobrecida como la rusa.I.E.