El Juzgado de Instrucción nº 1 de Balmaseda ha llamado a declarar a cuatro testigos relacionados con el fiasco de la planta de purines de Karrantza, al tiempo que ha comunicado a nueve consejeros de Karrantzako Minda la querella que ha presentado contra ellos una sociedad dependiente del Ayuntamiento de Karrantza, por delitos de apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación.

La jueza da así un paso en el proceso penal después de que en mayo de 2015 la Audiencia de Bizkaia estimase el recurso de apelación interpuesto por Karrantza Haraneko-Valle de Karrantza 2006 SA y por la Fiscalía contra la negativa a investigar el fraude en la construcción de la instalación que iba a tratar purines de la amplia cabaña ganadera del valle más occidental del país. Los querellados, contra los que también se sigue otra causa por la quiebra en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo, se enfrentan a penas que pueden alcanzar ocho años de prisión y diez de inhabilitación por los delitos que se les atribuyen contra la administración pública.

Los querellados son Ángel María Ruiz Quintano, Martín Ascacibar Gregorio, Miguel Ángel Fernández Ibarrondo, José Ignacio Muro Palacio, Manuel Fisure Portillo, Vicente Albisua Hermoso, José Luis Portillo López, Alfonso Ayerbe Hidalgo y Emiliano Garayar Gutiérrez, que ocuparon cargos en los consejos de Ade Biotec y Karrantzako Minda, por su condición, en algunos de los casos, de cargos públicos del PNV. Se les acusa de urdir una compleja trama para apropiarse de dinero público con la excusa de afrontar la grave problemática medioambiental que generan los residuos ganaderos en Karrantza.

Los gobiernos autonómico y español, además de la Diputación, les concedieron hasta 13,5 millones de euros, de los cuales recibieron 10 millones, apropiándose de la mayor parte de ese dinero sin apenas haber construido la infraestructura.

Hasta el momento, la jueza Tania Fernández ha tomado declaración, en calidad de testigo, al ingeniero Xabier Flotats, a quien el por entonces director de Investigación Agropecuria, Martín Ascacibar, encargó en 2006 un informe para evaluar las propuestas. Para ello, Flotats analizó los proyectos de Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, presentada por Sener, y la efectuada por Ade Biotec y Levenger, que resultó ser la elegida, aunque luego la segunda firma desapareció. El ingeniero catalán apostó por el proyecto único y conjunto de todo el proceso.

Para el 27 de abril, se cita como testigos a dos personas vinculadas a las mercantiles que participaron de Enerminde que, en agosto de 2005 con el 49% del capital, constituyó con la cooperativa de ganaderos GUVAC Karrantzako Minda. Había sido creada por Ade Biotec, Levenger y Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad. Las dos últimas desaparecen del proyecto inicial, pasando la propiedad de Enermendi en su totalidad a manos de Ade Biotec. Desde las acusaciones se considera a Enerminde una sociedad instrumental.

Además, se llama a testificar a un técnico de la Diputación vizcaina y a otro del Gobierno de Gasteiz para que aporten detalles sobre las ideas que se barajaron y los programas de ayudas a los que se acogieron los promotores. Según constató el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la solicitud al programa Ikerketa 2006 se presentó en blanco antes de publicarse las propias ayudas, aportándose luego los datos requeridos.

Por esa razón, la jueza requiere a Lakua que le envíe «íntegros» los expedientes de Ikerketa 2006 y 2008, así como todo lo relacionados con la subvención nominativa de los ejercicios 2008 y 2009. Además, al Ejecutivo autonómico se le insta a que detalle cargos o puestos de trabajo que ha desempeñado Martín Ascacibar Gregorio, a quien distintas partes le consideran «cerebro» de la operación urdida en Karrantza.