Los abogados de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunciaron la apelación ante el Tribunal Supremo para intentar anular el proceso de destitución que sigue su curso a pesar del enfrentamiento entre las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, que enmarañaron aún más la grave crisis política en el país.

El Gobierno brasileño planea denunciar en la apelación los «vicios» del proceso de «impeachment» lanzado contra la presidenta brasileña. El Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, que lleva la defensa legal de Rousseff, ha elaborado un documento en el que denuncia el «desvío de poder» de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados que inició el proceso.

El principal argumento de Cardozo es el fallo emitido la semana pasada por el Supremo para cesar a Cunha por impulsar la aprobación de determinadas leyes a cambio de favores políticos e incluso dinero. El abogado sostiene que estos tratos podrían incluir el «impeachment».

No es la primera vez que la decisión de Cunha de abrir el proceso de destitución llega al Supremo. En diciembre el alto tribunal desechó una denuncia por parcialidad contra el expresidente de la cámara baja alegando que esta característica no es exigible a políticos.

Este sería el último intento del Gobierno de frenar el proceso antes de que el pleno del Senado vote hoy su aprobación al mismo. Si al menos 41 de los 81 senadores apoyan el proceso, será suficiente para que Rousseff sea destituida temporalmente.

Tras una investigación de un máximo de 180 días, se celebraría un juicio político en el Senado dirigido por el presidente del Tribunal Supremo. Si dos tercios de los senadores (54), habiendo un quórum de 42, respaldan la destitución, esta será definitiva.

Anulación y retractación

Los senadores se preparan para la votación tras la jornada surrealista del martes en la que los brasileños asistieron a un toma y daca de decisiones que aumentaron la confusión. En la madrugada, el presidente del Congreso, Waldir Maranhao, sorprendió a todas las partes al intentar frenar el proceso, anulando la votación que le dio luz verde el pasado 17 de abril.

Maranhao accedió a un recurso de los abogados de Rousseff y dio validez al argumento de que la votación suponía un prejuicio a la presidenta y vulneraba su defensa. Pero no tardó en responderle el jefe del Senado, Renán Calheiros, anunciando que ignoraría la anulación y mantendría el plan de votación para hoy. Además, calificó la orden de Maranhão de «absolutamente intempestiva» porque las actuaciones ya han superado la fase de intervención de la Cámara de Diputados. Ante la réplica y la presión de su propio partido, el jefe interino de la Cámara de Diputados reculó y cambió su decisión, según anunció en un escueto comunicado. El partido de Maranhao, el Partido Progresista (PP, derecha), amenazó al presidente de la Cámara con expulsarlo si mantenía la anulación. El PP forma parte de los grupos que acusan a Rousseff de cometer un «crimen de responsabilidad» fiscal por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales.

La presidenta insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales, que no cometió ningún delito y que es víctima de un golpe parlamentario.

Manifestaciones

Si es suspendida, el vicepresidente del país, Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida Temer finalizaría su mandato en 2018. Al conocer la primera decisión de Maranhao de anular la votación, Rousseff pidió cautela porque «vivimos una coyuntura de mañas y artimañas». Manifestaciones a favor y en contra del proceso se convocaron ayer en el centro financiero de Sao Paulo. «Ni la Cámara de Diputados ni el Senado tienen condiciones de juzgar a Dilma», dijo a AFP Salvia Correia, una profesora de 60 años que tiene aún esperanzas de que la justicia detenga el proceso. «No hay otro camino que la salida de Rousseff del poder», lanzó cerca de allí un opositor, Victor Pereira, de 39 años.

Los movimientos sociales que se oponen al juicio, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Central Única de los Trabajadores, la mayor unión de sindicatos del país, invitaron a sus militantes a «Ocupar todo contra el golpe». Muy temprano las protestas bloquearon carreteras en 14 de los 27 estados de Brasil.

Para el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) Guilherme Boulos la decisión del presidente del Senado de continuar con el proceso de «impeachment» es una muestra de su asociación con el golpe en curso en el país «junto al vicepresidente Michel Temer y el corrupto Eduardo Cunha». «Puede que tengan disputas internas para repartirse el botín del ‘impeachment’ pero son todos aliados. Seguramente, Calheiros se habrá reservado un ministerio», afirmó Boulos líder del principal movimiento social urbano de Brasil.

Añadió que «la respuesta del MTST será en las calles, desde mañana «independientemente de lo que pueda ocurrir en el Senado». «Detendremos el avance del que podría ser el programa de Gobierno más osado y agresivo contra los derechos de los trabajadores en la historia de la democracia brasileña», concluyó Boulos sobre los planes anunciados por Michel Temer para su hipotético Gobierno.

 

La OEA consultará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la legalidad del «impeachment»

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, preguntará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad del «impeachment» contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Almagro estimó que «hay dudas jurídicas en relación con el proceso y es preciso garantizar la protección de los derechos civiles y políticos que están en la esencia del funcionamiento de la democracia». Entre esas dudas mencionó el hecho de que Rousseff haya sido acusada de hechos en los que han incurrido gobiernos anteriores sin que sus presidentes se enfrentaran a un juicio político: aumentar el gasto público sin autorización del Congreso. «Se argumenta que hicieron lo mismo pero con menos dinero y por menos tiempo, pero esta gradación no existe en el Derecho, en el Derecho solo existe la tipificación», sostuvo. Almagro también señaló como problema estructural el elevado número de legisladores investigados por corrupción que están actuando como jueces en el proceso y recordó al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que ha sido cesado por beneficiarse del cargo.GARA

 

Cronología

4 de marzo

Luiz Inácio Lula da Silva es interrogado por la Policía Federal, al día siguiente de la divulgación del acuerdo de «delación premiada» de un senador del PT que implicó en casos de corrupción a Lula y a Dilma Rousseff.

10 de marzo

El Ministerio Público denuncia a Lula por ocultación de patrimonio.

16 de marzo

Lula es nombrado ministro. El juez que investiga el escándalo Petrobras libera la grabación de una conversación con Rousseff en la que loa oposición ve la prueba de que buscaba librarlo de la justicia.

17 de marzo

Lula es investido jefe de gabinete, pero un juez del Supremo suspende su nombramiento. Los diputados eligen una comisión que deberá evaluar si hay causas para destituir a Rousseff.

29 de marzo

El PMDB rompe con el gobierno de Rousseff.

12-13 de abril

Los partidos de la derecha de la coalición de Gobierno (PP y el PRB) anuncian que votarán por la destitución de Rousseff. El PSD y el PTB toman la misma decisión.

14 de abril

El Supremo rechaza un recurso para suspender el proceso.

17 de abril

La Cámara de Diputados aprueba la moción de proceso de juicio político. El proceso debe continuar en el Senado.