El jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Nafarroa (CHN), Ricardo Ezcurra, señaló ayer que la práctica de abortos en la sanidad pública «resulta organizativamente compleja».

Ezcurra realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Parlamento navarro, solicitada por EH Bildu, destacando que «a día de hoy, resulta organizativamente compleja la aplicación del decreto en la prestación de la interrupción del embarazo».

La práctica de abortos en la red pública es una de las reivindicaciones recogidas en el acuerdo programático suscrito por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. El Gobierno de Uxue Barkos ha tomado esta cuestión como una de sus prioridades y la pasada semana dio luz verde al texto del decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva que garantiza la práctica del aborto en la sanidad pública, pero incluye también la educación sexual para prevenir infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, en última instancia, los propios abortos. Además, se reconoce y acepta la diversidad sexual y las necesidades de los grupos más vulnerables.

Ezcurra también alertó de que aspectos contemplados en el decreto como el servicio de reproducción a mujeres solteras o con pareja lesbiana también podrían verse afectados por estos «problemas organizativos».

Una de las bases del cambio

Esta cuestión es una de las bases del cambio en Nafarroa, donde hasta hace pocos años se trasladaba a las mujeres fuera de Nafarroa para que pudieran abortar. Recientemente, se abrió una clínica en Antsoain en la que se practican abortos y ante la que se han manifestado ultras católicos con la presencia, incluso, del arzobispo.

Las palabras de Ezcurra dejan en evidencia las reticencias de mandos intermedios en la Administración navarra a aplicar las nuevas líneas políticas marcadas por el Gobierno.

«Las personas que ostentan la responsabilidad de llevar esto adelante tienen que creer en este cambio de modelo y nos preocupa que el cambio que se está planteando no cuente con la adhesión de las personas que lo tienen que llevar adelante», destacó la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, que recriminó a Ezcurra no haber «propiciado un clima adecuado, sin crispación, de manera que esta prestación sea normalizada».

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, destacó que «la obligación de poner las medidas para que este decreto sea una realidad», mientras que la parlamentaria de Podemos Tere Sáez señaló que «como jefe, tiene la obligación de coordinar, asegurar y facilitar que este decreto sea una realidad».

María Chivite (PSN) reivindicó la necesidad de «hacer compatible el derecho de objeción de conciencia con el de las mujeres» y añadió que «es responsabilidad del Departamento hacer cumplir los dos derechos, porque el único que se está ejerciendo es el de los profesionales, no el de las mujeres».

Marisa de Simón (I-E) mostró su preocupación por la existencia «un problema con la IVE antes de las catorce semanas, ya que debería ser lo menos conflictivo». Estos abortos se realizan generalmente con pastillas y sin intervención quirúrgica.

El 90% de los abortos se realizan antes de la decimocuarta semana de gestación. El resto se deben a anomalías o enfermedades graves. En 2015 se practicaron, según datos de Ezcurra, 915 abortos en Nafarroa, frente a los 884 de 2014. La mayoría fueron en la clínica privada de Antsoain.

Begoña Ganuza (UPN) coincidió con Ezcurra al señalar que «es muy difícil la aplicación del decreto debido a una complejidad organizativa», al tiempo que mostró su preocupación por la financiación.

Javier García (PP) reconoció que su partido no comparte las líneas del decreto «porque no se contemplan aspectos más prioritarios» y destacó que «hay muchísimos interrogantes» en la aplicación del mismo.