09/12/2016

La defensa de los 7 de Altsasu pide investigar las filtraciones

La publicación en diversos medios de las declaraciones de los jóvenes de Altsasu encarcelados tras ser acusados de participar en una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas ha motivado la protesta de sus defensas. Alegan que se está vulnerando el derecho a la defensa con el objetivo de alimentar prejuicios que perjudiquen a los jóvenes. Han pedido a diversas instancias judiciales que se investigue quién facilitó a la prensa el contenido del proceso.

Alberto PRADILLA|MADRID

DECLARACIONES


Los nueve jóvenes procesados (siete en prisión y otros dos en libertad) declararán ante la juez Carmen Lamela el próximo 20 de diciembre.

Las abogadas de los siete jóvenes de Altsasu encarcelados desde hace tres semanas acusados de participar en una trifulca con dos guardias civiles piden que se investiguen las filtraciones del procedimiento a la prensa. En concreto, las letradas han mostrado su malestar ante la inspección de tribunales del Consejo General del Poder Judicial, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la presidencia del tribunal especial. Denuncian que se está vulnerando el derecho a la defensa de sus clientes y que las filtraciones buscan generar un clima de prejuicios contra ellos, en un contexto ya de por sí muy mediatizado.

Las quejas se interpusieron a finales de noviembre, después de que varios medios españoles reprodujeran extractos de las declaraciones ante la juez Carmen Lamela tanto de los guardias civiles como de algunos de los jóvenes detenidos. La única respuesta obtenida fue una providencia de la magistrada en la que afirmaba que su juzgado no era responsable, pero donde no tomaba medida alguna para averiguar el origen de la filtración. Estas han seguido produciéndose a pesar de las protestas. De hecho, hace dos días un diario español mostró los rostros de ocho de los jóvenes en portada. En este caso, no obstante, lo que se filtró fue el segundo informe de la Guardia Civil, el que se realizó «ad hoc» después de la denuncia presentada por Covite que llevó el caso desde Iruñea hasta Madrid.

En opinión de las letradas, las filtraciones podrían ser una «revelación indebida» que busca condicionar el procedimiento. El objetivo, según censuran, sería «condicionar, sentar prejuicios sobre este asunto y con un claro perjuicio hacia los procesados». Por el momento, los jueces no han abierto ningún tipo de investigación.