Transcurridos más de cinco años desde el cese de las acciones armadas por parte de ETA, la política penitenciaria del gobierno español no ha cambiado ni un ápice. La practica totalidad de los presos de la organización siguen clasificados en primer grado, el que apareja el régimen disciplinario mas severo, y, pese a las disposiciones de la Ley General Penitenciaria sobre la materia, siguen dispersados en prisiones distantes cientos de kilómetros de sus respectivos domicilios, lo que junto a vulnerar el derecho de los prisioneros a cumplir sus condenas en cárceles próximas al domicilio de sus familiares, obliga a estos a realizar largos y penosos desplazamientos con las consecuencias de riesgo en la carretera y dispendios económicos insoportables para personas en situaciones económicas complejas.

Por si esto fuera poco el recién nombrado ministro del Interior José Ignacio Zoido ha anunciado que el gobierno mantendrá la misma política penitenciaria, algo incomprensible, máxime si el motivo esgrimido es no caer en la «trampa del lenguaje». La política, por definición, es una herramienta para tratar de solucionar los problemas que surgen en las sociedades. Se trata por tanto de algo esencialmente dinámico, variable, y empeñarse en seguir haciendo lo mismo sean cuales sean las circunstancias conduce al absurdo.

Durante años y años se ha reprochado al colectivo de presos políticos vascos la no utilización de los recursos legales para lograr beneficios penitenciarios. Cuando se dieron pasos en ese camino, como solicitar el traslado a cárceles de Euskal Herria, o la excarcelación de los presos enfermos, la respuesta no ha podido ser mas frustrante: no solo no se accede a lo solicitado, sino que se interpreta la propia solicitud como un acto de adhesión a los postulados de ETA.

Tenemos que conseguirlo: Kalera, kalera, borrokalari kalera. Preso eta iheslariak etxera!!!