El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, criticó la detención del concejal de la CUP en Vic Joan Coma, que a finales de octubre no compareció ante la Audiencia Nacional española. La Fiscalía le acusa de un delito de «incitación a la sedición» por unas declaraciones durante un pleno.

«Una vez más, el Estado demuestra qué noción tiene de la libertad de expresión», subrayó Puigdemont en Twitter.

La consellera de la Presidencia, Neus Munté, acusó al Gobierno español de seguir «empecinado en la judicialización constante» de la política y de preparar para 2017 un «vergonzante calendario judicial».

Defendió que todo el mundo «se pueda expresar con la máxima libertad», ya sean ediles de la CUP, como Coma, o los investigados del anterior Govern por la consulta del 9N de 2014 u otros actos electos soberanistas, y respaldó el derecho a no declarar de Coma.

La diputada de la CUP Anna Gabriel criticó el papel de la Conselleria de Interior en la detención de Coma y consideró que los Mossos d'Esquadra deberían dejar de actuar «contra el independentismo».

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, tildó de «desproporcionado e injustificado» el arresto. «Es incomprensible que un concejal, por declaraciones absolutamente normales en un plenario, acabe en la Audiencia Nacional», remarcó.

EH Bildu denunció que «el Estado español sustituye su falta de voluntad y alternativa ante el proceso democrático abierto en Catalunya por la vía de la criminalización».

Las concentraciones de la tarde ante los ayuntamientos fueron secundadas, entre otros, por Carme Forcadell y dirigentes de ERC.