«Una democracia que envía a juicio a los responsables políticos de una jornada tan edificante y sana como la del 9N, una jornada que crea un profundo y noble sentido de la ciudadanía, es una democracia que ha enfermado». El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió la palabra nada más empezar el pleno del Parlament celebrado ayer, al entender que la Cámara catalana «no puede mirar hacia otro lado, ni permanecer indiferente» ante el juicio al 9N. A falta de novedades destacables dentro de la Audiencia de Barcelona, donde ayer se celebró la tercera sesión el juicio, la búsqueda de titulares se trasladó al Parlament, donde el escaño de Irene Rigau –una de las juzgadas– fue simbólicamente ocupado por una urna.

Los partidos no desaprovecharon la ocasión de contestar a Puigdemont, empezando por la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, que en nombre de Ciutadans ridiculizó el hecho de que en la calle el independentismo apele a la épica y a la desobediencia, y luego en el juicio los acusados aseguren que no hicieron nada y que todo el 9N corrió a cargo de los voluntarios. Desde Catalunya Sí que Es Pot, Lluís Rabell tiró del mismo hilo, algo que la diputada de la CUP aprovechó para afearles el hecho de que ahora se desmarquen del referéndum unilateral.

La sesión parlamentaria también dejó para la actualidad la oficialización de sendos recursos, de Ciutadans y del PSC, contra el proyecto de presupuestos, sobre los que ahora tendrá que elaborar un informe el Consell de Garanties Estatutaries, retrasando la aprobación de las cuentas cerca de un mes.

Testimonios de la defensa

En cuanto al juicio, ayer la Audiencia de Barcelona vio desfilar a numerosos ex altos cargos de las instituciones catalanas, llamados a declarar por la defensa. El que más atención acaparó fue el exconseller de Presidència y ahora diputado de PDECat en el Congreso, Francesc Homs, que a la salida del juzgado recibió la noticia de que el Tribunal Supremo lo juzgará –también por el 9N– a partir del próximo 27 de febrero. «Tienen ganas de coaccionar el Govern por el referéndum», declaró al conocer la noticia. En la declaración judicial, se limitó a asegurar que siguieron adelante con la convocatoria del 9N por que no vieron en ello nada ilegal, aunque también hubo un pequeño rifirrafe con el fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que declinó interrogarlo. «No tienes coraje para preguntarme», le dijo Homs.

Por lo demás, ayer declararon también el expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) y exvicepresidente del TC, Carles Viver i Pi-Sunyer; la expresidenta del Parlament Núria de Gispert; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el que fue coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol; el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Xavier Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional –y miembros del CATN– Enoch Albertí y Joan Vintró. Todos ellos reforzaron, en diversas vertientes, las tesis generales de la defensa, sobre todo en cuanto al peso que a partir de la suspensión del TC tomaron los voluntarios, así como sobre la inconcreción de la interlocutoria del propio Constitucional.

Antes de estos testimonios, la acusación popular ejercida por Manos Limpias trató de demostrar con otros dos testimonios que el Govern siguió adelante con el 9N pese a la suspensión.

Cuando es el Gobierno español el que desobedece a los tribunales

Una de las iniciativas desarrolladas por el Govern en paralelo al juicio del 9N fue denunciar el pasado martes que es el propio Gobierno español el que incumple muy a menudo las sentencias de los tribunales españoles. Concretamente, el Ejecutivo catalán ha elaborado una lista de hasta 34 sentencias del Constitucional, del Supremo o de la Audiencia Nacional española que el Gobierno ha ignorado sistemáticamente.

Se trata, por ejemplo, de las tres sentencias del TC sobre las becas universitarias, la última de ellas de mayo del año pasado. El Govern también asegura que Madrid incumple tres sentencias sobre subvenciones a entidades que trabajan en la defensa del medio ambiente –dos del TC y una del TS–, así com otras cuatro –todas del Constitucional– en el ámbito de la cultura. Desde una sentencia sobre las ayudas al sector del libro, hasta las subvenciones a los museos.

El paquete desobediente más grueso se encuentra en el terreno de los servicios sociales, en el que el Gobierno incumple hasta 24 sentencias –11 del TC, 6 del TS y 7 de la AN–. Se trata sobre todo de dictámenes judiciales que dan la razón a la Generalitat en litigios sobre la descentralización de ayudas y subvenciones, y se refieren a ámbitos tan diversos como el 07% del IRPF, ayudas a la migración, programas de cooperación y voluntariados.

Además de las 34 sentencias, el memorial de los agravios catalanes incluye un largo listado con otros incumplimientos. Desde el modelo de financiación que debía haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014 hasta la financiación de la Ley de dependencia, pasando por el plan de Cercanías o la acogida de refugiados. El informe recuerda, asimismo, que el Parlamento Europeo advirtió el año pasado de que el español es el tercer Estado con más expedientes abiertos por incumplir las leyes europeas.B.Z.