«La decisión del Gobierno de comunicar al secretario general de la ONU su retirada del Tribunal Penal Internacional sin haber obtenido el aval del Parlamento es inconstitucional e inválida», dictó el juez Phineas Mojapelo. El presidente, Jacob Zuma, y los ministros «deben revocar inmediatamente el aviso de la retirada», añadió. Sudáfrica anunció en octubre su retirada tras la polémica por permitir en 2015 que el presidente sudanés, Omar al-Bashir, reclamado por el TPI, viajara al país.