La noticia llegaba en el Día Internacional de la Mujer: Islandia se convertirá en el primer país del mundo que obligará a las empresas, públicas y privadas, a demostrar que pagan salarios iguales sea cual sea el género, la etnia, la sexualidad o la nacionalidad de sus empleados. En palabras del ministro de Igualdad y Asuntos Sociales, Thorsteinn Viglundsson, «ha llegado el momento de hacer algo radical con este tema. El derecho a la igualdad es un derecho humano fundamental».

El proyecto de ley, que ya ha sido presentado en el Parlamento, obliga a todas las compañías de más de 25 trabajadores a obtener la certificación oficial que pruebe que pagan el mismo salario por un trabajo de igual valor. La carga de la prueba recaerá, por tanto, en las empresas, que estarán obligadas a demostrar que pagan lo mismo a hombres y a mujeres. El Gobierno islandés pretende implementar esta medida para el año 2020 y erradicar la brecha salarial por razón de género para 2022.

Con el apoyo del Gobierno y de la oposición asegurado, aunque con serias reticencias por parte de la confederación empresarial del país –que considera que la medida les impone demasiada presión y que no traerá el necesario cambio cultural–, su aprobación hará de Islandia el primer país del mundo que convierta en imperativo legal la igualdad de salarios.

Particularmente significativo es que también obliga a las compañías privadas, cuyos salarios son más difíciles de asignar por mandato. Aunque otros países (y el estado de Minesota en EEUU) desarrollen políticas que exigen certificados de igualdad en el salario, Islandia será pionero en obligar por ley a todo tipo de compañías a nivel nacional.

Durante los últimos siete años, Islandia ha encabezado el Índice de la Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial. La revista “The Economist” le designó recientemente como el mejor lugar del mundo para la mujer trabajadora. Con todo, las mujeres islandesas –un 80% de ellas trabaja– ganan todavía entre un 14% y un 18% menos que los hombres; sus ingresos medios equivalen solo al 70,3% de los de los hombres; y se calcula que, de no acelerar los esfuerzos y no ser más estrictos en la aplicación de las leyes, la brecha salarial no desaparecerá en al menos 70 años.

Mayor brecha a nivel global

La brecha salarial es mucho peor a nivel mundial. El Informe Global de 2016 sobre la Brecha de Género señala que, si las tendencias actuales continúan, la brecha económica mundial no se cerrará en los próximos 170 años, es decir, hasta el año 2186. Este análisis también concluye que el progreso hacia la igualdad de género se ha desacelerado dramáticamente y que los logros recientes se han invertido. La brecha económica entre hombres y mujeres no se reduce, sino que está creciendo.

¿Logrará Islandia con esa medida cerrar la brecha de género? Un movimiento de mujeres particularmente movilizado y una serie de medidas especiales en el mercado de trabajo han contribuido a que este país nórdico se sitúe como líder mundial en este terreno. Sin embargo, la posición relativa de mujeres y hombres, tanto en la vida pública como en la laboral, se caracteriza por muchas paradojas y estereotipos persistentes.

Poderoso movimiento social

Este país insular del Atlántico Norte, con una población aproximada de 330. 000 habitantes, tiene una larga tradición de luchas por la igualdad salarial. En la histórica movilización de 1975 que copó la atención mundial, el 90% de la población femenina (madres, abuelas, empleadas y amas de casa...) hizo huelga en el sector doméstico y profesional en demanda de la igualdad de salarios. Con el impulso de aquella vibrante demostración de fuerza, Vigdís Finnbogadóttir se convirtió en 1980 en la primera presidenta de Islandia y de Europa, en la primera presidenta electa democráticamente a nivel mundial.

En octubre del año pasado, con el lema «Si no hay igual salario, salimos antes de trabajar», miles de mujeres volvieron a salir en masa a las calles para protestar delante del Parlamento. Todas dejaron su puesto de trabajo a las 2:38 de la tarde –dos horas y media antes del final de la jornada de trabajo habitual (de 9 de la mañana a 5 de la tarde), ya que según las convocantes era la hora a partir de la cual trabajan gratis diariamente.

Esta movilización social, esta fuerza de cambio, no surgió del vacío. La historia islandesa ofrece contexto y claves. Durante siglos, las mujeres de esta nación de marinos se quedaban en sus casas mientras sus maridos surcaban los mares en busca del pescado o por las rutas del comercio. Sin hombres en el hogar, las mujeres hicieron de granjeras, cazadoras, levantaron casas, llevaron las finanzas domésticas y fueron básicas en la prosperidad de la nación.

La historia enseña también que el progreso viene de la mano de la presión popular y de la inversión en políticas justas. Ambos elementos son un catalizador muy poderoso para el cambio. Y en Islandia tienen de los dos, y en abundancia.

En las leyes, no en la realidad

Hace más de seis décadas, la Organización Internacional del Trabajo propuso una convención que defendía «una igual remuneración para los hombres y mujeres por un trabajo del mismo valor». Los estados tienen también legislaciones específicas que, al menos retóricamente, van en esta misma dirección. ¿Pero qué está fallando entre la aspiración a la igualdad y la evidente insolvencia a la hora de conseguirla?

Una parte del problema viene de la mano de que el principio «a igual trabajo, igual salario» ignora el hecho de que no todos los trabajos son tratados o considerados iguales. Hay ocupaciones tradicionalmente consideradas como «trabajos para mujeres», como los de enfermería, enseñanza y cuidado de menores o de ancianos. La segregación de género por sectores también resulta evidente; sin ir más lejos, en las grandes industrias que requieren profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas.

Los logros educacionales de las mujeres no han conseguido superar la brecha. Ahora hay más licenciadas universitarias, pero las estadísticas indican que cobran menos que los hombres. Y que, si dejan temporalmente sus trabajos para ser madres, muchas no consiguen volver a la misma escala salarial.

El mercado, en sí mismo, no tiene ética ni moral y los intentos bienintencionados de hacerlo más justo, por sí solos, fracasan. Los empresarios, en teoría partidarios de la igualdad, dicen que es mejor la zanahoria que el palo. Que obligarles con una ley, hecha de arriba abajo, es la respuesta fácil pero no la correcta.

Ante el precedente que ha establecido Islandia, las más importantes confederaciones empresariales europeas han hecho saltar la voz de alarma: «¡Son políticas invasivas, costosas y distorsionan el mercado!».

Intención vs. implementación

En la práctica, el problema de las leyes de igualdad de salario no reside en su intención, sino en su construcción e implementación. Suelen ser costosas, con procedimientos engorrosos, complicados y dificultosos que se alargan en el tiempo, que requieren un gran coraje y tenacidad de las denunciantes.

Cierto es que solo el cambio legal no traerá un cambio cultural permanente. Que no es la barita mágica. No obstante, poco es mucho, y el de Islandia es un gran paso en el camino de la igualdad, para no tener que soportar otros 170 años de discriminación.

 

Falsos mitos y argumentos en contra de la igualdad de salario

No faltan argumentos para los que se oponen a la igualdad de salarios, que son muchos y están bien organizados. Desde la autorregulación del mercado y su plena soberanía para establecer sueldos, hasta el manido mito de la fuerza física y los trabajos de más riesgos que desempeñan los hombres o la imposibilidad de establecer, como en el caso de una manzana con una naranja, la igualdad del valor de trabajos diferentes, los falsos mitos abundan, quizá más que los esfuerzos para desmontarlos.

A continuación se detallan algunos de los más utilizados, que han vuelto con fuerza en las reacciones que ha desatado la histórica decisión del Gobierno islandés. En primer lugar, vienen los que rechazan la necesidad de nuevas leyes porque «a igual trabajo, igual salario» ya está en la normativa internacional y en las leyes. Destaca también el argumento de «los hombres ganan más porque trabajan en sectores productivos con salarios más altos, no por una cuestión de género», que normalmente viene de la mano de este otro: «si las mujeres quieren ganar más, que hagan como hacemos otros, que dejen sus trabajos y busquen otros donde pagan más».

Los hay abiertamente misóginos, que acusan a las mujeres de «ser más golfas, de tomarse más días de fiesta, más días de baja... y luego el tema de la maternidad». O aquellos que defienden que «los hombres necesitan más salarios para poder mantener a las familias porque, a diferencia de las mujeres, por regla general son el principal sustento de las mismas».

Desde el mundo empresarial, los contrarios a la igualdad salarial por imperativo legal argumentan que esa medida «automáticamente eliminaría los sueldos basados en el mérito». Y no faltan quienes basan su oposición en esta lógica: «si las mujeres ganan menos no es por una cuestión de género, sino porque están menos organizadas, se movilizan y protestan menos que los hombres».

Aunque hacen menos ruido y son menos histriónicos, también abundan las voces que subrayan los beneficios que acarrearía la paridad de salarios en los centros de trabajo. En su argumentario destacan las siguientes razones: conseguiría un entorno de justicia y respeto en el trabajo; crearía una fuerza de trabajo motivada, más feliz y más productiva, además de atraer y retener a los mejores y más brillantes en la plantilla».

No faltan tampoco otros argumentos, como el de cumplir con las obligaciones legales, inspirar la confianza de los consumidores, evitar pleitos por discriminación o el de aprovechar las oportunidades que se abren en los contratos públicos. M.Z.