En el balance anual que hizo público ayer, Ascongi-Adegi, asociación de constructores y promotores de Gipuzkoa, subrayó que el sector «no termina de reactivarse», lo que utilizó para demandar que se revisen «las políticas de inversión», especialmente por parte de las instituciones públicas. Pese a la «ausencia de signos de reactivación», el PIB de la construcción creció «tímidamente» en volumen por segundo año consecutivo en 2016, con un 1,6% y, por primera vez desde el inicio de la crisis, el empleo asalariado aumentó un 0,4%.

Más concretamente, indicó que «la licitación se sitúa en mínimos», con una caída del 35% (-41% en obra civil y -19% en edificación). En cuanto a las adjudicaciones, que han sufrido una «rebaja» del 19,6%, casi dos tercios (73%) han ido a empresas guipuzcoanas. Las 7.127 compañías de este sector con sede en el herrialde generan 17.000 puestos de trabajo.

Destacó también que los visados de obra nueva para viviendas cayeron en 2016 a la mitad del año anterior y que se registraron mínimos en la terminación. Así, la oferta de vivienda cayó un 12%, siendo menor en la nueva libre (-9%) respecto a la usada (-15%), lo que viene dado porque se ha vendido más la de segunda mano.

Incidió en que «tras encadenar ocho años de caída del VAB (valor agregado bruto) y del empleo, y a pesar de que el inicio del año 2015 apuntaba un cambio de tendencia, el balance de 2016 finalmente acreditó un nuevo descenso, eso sí, mucho menor que en años anteriores».

Contratación pública

En este contexto, Ascongi considera necesario «revisar el concepto de inversión pública y asociarlo con infraestructuras prioritarias», en las que enumeró las de aprovisionamiento de agua, medio ambiente, transporte y urbanismo. A su juicio, esas nuevas obras «deben ser sostenidas y sostenibles en el tiempo para poder dar respuesta a las grades tendencias globales, como son la gestión de los recursos naturales, los cambios demográficos o la innovación tecnológica».

Unido a lo anterior, la asociación de constructores también reclama que se revisen los precios con los que se conforman los tipos de licitación ya que, según afirma, muchas veces están por debajo de su coste real, así como «desincentivar las continuas y alarmantes bajas en la contratación pública, que sitúa en Gipuzkoa la media del año 2016 en torno al 20%».