Convergència Democràtica de Catalunya fue condenada ayer a pagar 6,6 millones de euros. Casi nada. Es un dinero que irá a las arcas del Estado porque nadie lo ha reclamado como suyo. Es decir, el Palau de la Música, institución a través de la cual recibía el dinero CDC, no considera que fuera suyo. De hecho, si repasamos las condenas, veremos que han sido castigados aquellos que recibieron el dinero, pero ninguno de los que lo entregó. Es como si ese dinero flotase en el aire, o como si hubiese salido, inmaculadamente, del útero de la Virgen María. Dinero sin pecado concebido.

Obviamente sabemos que no es así. No es que lo pensemos, es que lo acredita la propia sentencia: «Millet y Montull pactaron con el tesorero de Convergència (...) que Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual».

Sabemos, por lo tanto, quién pagaba a cambio de obra pública: Ferrovial. De hecho tenemos los nombres y apellidos de dos de los que realizaron los pagos, ya que también fueron juzgados. Son Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, directivos de esta empresa del Ibex 35. Sin embargo, ambos han sido absueltos, no porque no cometiesen los delitos que se les imputaban –administración desleal y tráfico de influencias–, sino porque los delitos han prescrito.

No es la primera vez que ocurre y, por desgracia, no será la última. Joan Llinares, que sucedió al equipo de Millet al frente de la dirección general del Palau después de estallar el escándalo –sus aportaciones han sido claves para lograr una sentencia condenatoria y para probar la financiación ilegal de Convergència–, describió la prescripción «como una institución que está librando a mucha gente involucrada en casos de corrupción». Y mientras siga siendo así, mientras siga saliendo gratis ofrecer dinero a cambio de contratas públicas, seguirá habiendo quien esté dispuesto a poner la mano. Sin ánimo de exculpación, quizá responda a la propia naturaleza humana. El propio Llinares lo explica de forma sencilla y algo fría: «El riesgo de la corrupción es exactamente igual que el de accidentes laborales o la seguridad vial, puede ocurrir o no, pero va a depender en buena medida de las medidas que adoptes, de que minimices el peligro y le compliques la vida».