La actualidad catalana pasó ayer por Berlín, Bruselas, Ginebra y Madrid. Hace meses que Barcelona dejó de ser la única capital de Catalunya. En la ciudad alemana, el president Carles Puigdemont reunió al grupo parlamentario de Junts per Catalunya para abordar la situación a partir de dos hechos –Jordi Sànchez no va a ser investido y Carles Puigdemont ha sido puesto en libertad– y una pregunta: ¿Qué hacer ahora? La idea original era presentar esta misma semana a un candidato sin condicionantes judiciales, pero la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein lo ha vuelto a poner todo patas arriba, dejando de nuevo encima de la mesa la investidura de Puigdemont. Damos cuenta de ello en el despiece contiguo.

En Madrid, tras escuchar la declaración indagatoria de los últimos encarcelados –Turull, Bassa y Forcadell confirmaron el cambio en la defensa de los imputados y acusaron a Llarena de construir una instrucción de marcado carácter político–, el juez dictó una providencia que sorprendió, al requerir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aporte todas las pruebas que le llevan a concluir que no se gastó ni un solo euro de titularidad pública en el 1-O.

El asunto no es menor. Además del morbo que pueda suponer ver a un ministro del PP implicado de forma rocambolesca en el procedimiento contra el referéndum, ya se advirtió en estas páginas que las declaraciones de Montoro en el diario “El Mundo” eran todo un misil a la acusación de malversación de fondos públicos, que es la única que ahora mismo mantiene en pie la euroorden contra Puigdemont en Alemania.

De hecho, los procesados ya han utilizado las palabras de Montoro –ratificadas ayer por la secretaria general de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda– para probar la falsedad de las acusaciones, cosa que no ha hecho demasiada gracia al juez, que ha requerido al ministro que «informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones».

De hecho, Llarena confirma que los dirigentes catalanes han alegado «la injustificación del delito de malversación» basándose «en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Catalunya el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción». Dichas pruebas no son sino informes de la Guardia Civil que, sin datos concluyentes, aseguran que el Govern se gastó 1,6 millones de euros en el 1-O.

En el fondo de este giro de guion, que perfectamente podría llevar la firma de Berlanga, está el hecho de que las cuentas de la Generalitat ya estaban intervenidas, como mínimo, desde inicios de setiembre, lo que significa que cualquier gasto público que se hubiese realizado esos días para financiar el referéndum se hubiese hecho por negligencia del Ministerio que dirige Montoro.

Bruselas y Ginebra

Un segundo foco se situó en Bruselas, donde los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig comparecieron ante el juez que tramita la euroorden contra ellos. El magistrado podía haber tomado ya decisiones drásticas como rechazar o admitir directamente la extradición, pero optó por dilatar los tiempos y pedir mayor información a la Justicia española acerca de los cargos que se imputan a los exconsellers. Los ha citado de nuevo para el 16 de mayo, cuando se supone que tomará una decisión que, en cualquier caso, podrá ser recurrida ante el Tribunal de Apelación, cuyo dictamen, igualmente, puede ser recurrido ante la Corte de Casación. Todo indica que, como en el caso de Clara Ponsatí en Escocia, la euroorden en Bélgica no se resolverá antes del verano.

Mientras, en Suiza, el comité de Asuntos Exteriores del Parlamento del país helvético tomó nota del proceso de extradición contra Marta Rovira, reiterando que la entrega «será rechazada si se confirma que la petición está motivada por motivos puramente políticos».

También en Suiza, concretamente en Ginebra, el president del Parlament, Roger Torrent, se reunió con la directora delegada del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la que expuso los pormenores de la situación catalana y con la que, según aseguró, estableció un canal de comunicación permanente. Torrent se reunirá hoy con cargos electos suizos.

Las dificultades para investir a Puigdemont

Tras reunirse con Carles Puigdemont en Berlín, los portavoces de JxCat fueron crípticos, pero dejaron bien claro que «todas las opciones están sobre la mesa». Ni negaron ni confirmaron lo que ya corre entre pasillos: tratar de investir de nuevo a Puigdemont. Para ello, JxCat confía en que la reforma de la Ley de Presidència que presentó en solitario –para disgusto de ERC–, pase el trámite del Consell de Garanties Estatutaries y pueda ser aprobada en un único pleno a principios de mayo.

Esta reforma permitiría investir a un candidato a distancia, pero todos dan por hecho que será rápidamente tumbada por el Constitucional. Por ello, en JxCat apuestan por presentar y votar la candidatura de Puigdemont nada más aprobar la reforma, para limitar el radio de acción del TC. Sin embargo, esta estrategia cuenta con un obstáculo –además de la pereza cósmica que provoca en ERC– y es que para hacerlo todo de forma escrupulosamente legal, el Parlament debería esperar a que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicase la reforma. Pero con el 155, la publicación del boletín catalán está en manos del Gobierno español, que podría dilatar los plazos y facilitar el veto del TC.

En JxCat siguen asegurando que no quieren elecciones y que, si este nuevo intento fracasa, pondrían un plan D encima de la mesa antes de la fecha límite del 22 de mayo, si bien es innegable, a estas alturas, la tentación de aprovechar el indiscutible y reforzado liderazgo de Puigdemont para medirse de nuevo en las unas.B.Z.