«Decepción». Esta palabra resume el sentir de los integrantes de la plataforma Zubiak Eraikiz, que ayer vieron como PNV, PSE y PP sumaban sus votos en el Parlamento de Gasteiz para rechazar una iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tenía por objeto acabar con la segregación escolar en la CAV.

La iniciativa, avalada por más de 17.000 personas, fue defendida ante el Pleno por Sabin Zubiri, que insistió en que hay colegios que son «centros gueto, y otros que son centros búnker, donde no entran el alumnado con discapacidades, con necesidades socioeconómicas, becados, o con incorporación tardía al sistema educativo».

Para acabar con esta situación, Zubiak Eraikiz registró el año pasado una ILP en la que se solicitaba la gratuidad de la enseñanza en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y se reclamaba que la concesión o renovación de los conciertos educativos, así como el resto de ayudas públicas, vaya vinculada a la atención de un mínimo de alumnado con necesidades socioeconómicas o con necesidades especiales.

Estas reclamaciones, contaban, al menos en un primer momento, con el visto bueno de los parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE. Sin embargo, hace un par de semanas, la formación de Idoia Mendia aceptó el criterio desfavorable del Gobierno de Gasteiz, que insiste en que el problema de la segregación será abordado en la futura Ley de Educación.

Así, el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, insistió ayer en que «el ámbito para afrontar esta cuestión debiera ser la comprometida Ley de Educación, que debe afrontar en un horizonte integral todo lo que afecta a la formación con el eje de la escuela pública». Y, tras votar en contra ILP, afirmó que sus promotores «no deben entender en ningún caso esta votación como una derrota, porque no lo es».

«Como sabemos bien los grupos parlamentarios y los distintos gobiernos, las propuestas que traemos unos y otros, no pasan a veces este primer filtro o son sustancialmente modificadas después. Pero eso no es una derrota, el esfuerzo realizado, el trabajo de estos meses ha sido útil y ha conseguido poner definitivamente en la agenda la necesidad de abordar reformas educativas con esa visión inclusiva», añadió.

Posturas enfrentadas

Pastor no respondió a las críticas de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos, que hicieron hincapié en la necesidad de tomar medidas para acabar con la segregación, que afecta a muchos colegios públicos de la CAV.

La soberanista Rebeka Ubera subrayó que el sistema educativo actual, en el que existen una red pública y otra concertada, no se sostenible, «ni social ni económicamente». «El sistema ha fracasado, y la situación es dramática», remarcó antes de advertir de que la «fractura social» que provoca la segregación afecta a toda la sociedad.

«Invertir en educación significa acabar con la segregación. Para que, de este modo, el departamento que dirige la señora Artolazabal tenga un menor gasto, que el señor Bingen Zupiria tenga más “Ahobizi”, para que la señora Tapia tenga a personas más preparadas para desarrollar el programa 4.0, y para que el señor Urkullu disponga de más ciudadanos que sientan propio este país», manifestó.

En la misma línea se pronunció, Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos, quien lamentó que los partidos que sustentan al Gobierno dan cobertura a un «modelo segregador por redes, por clase social y por origen». «Porque el modelo educativo de Euskadi no es equitativo, no es inclusivo, y, si es excelente, lo es porque tiene una comunidad educativa luchadora», añadió tras recordar que la CAV «es la región que más subvenciona la educación privada. La media europea de educación pública es de más del 80%, aquí el 50%».

Desde el PNV, Jone Berriozabal hizo equilibrismo para defender una escuela inclusiva tras haber votado en contra de la ILP. «Una plataforma, legítimamente, ha hecho una propuesta. Pero tan legítimo como hacer una propuesta es discrepar con la misma al entender que no es adecuada. Compartimos el objetivo pero no el instrumento», indicó, y apuntó que la Ley de Educación, de la que todavía no se conoce ni el anteproyecto, «dará respuesta a este y a otros retos del sistema».

Por último, Juana Bengoechea, del PP, explicó que su grupo votó en contra de la iniciativa porque, a su parecer, el articulado «imposibilita la elección que hacen en estos momentos casi la mitad de las familias», en alusión a quienes van a la concertada. «Creemos que enfrenta a la comunidad vasca entre sí, a la comunidad escolar vasca entre sí», señaló.