El pasado fin de semana los bancos de alimentos realizaron en supermercados una nueva recogida de comida para abastecer las necesidades más urgentes de ¡80.000 personas! en Hegoalde. Confieso que, apenas entregué mi bolsa, sentí un calambrazo de amargura; en ningún caso por la altruista tarea de las voluntarias. Pero confirmé esa sensación cuando más tarde comprobé el tratamiento que algunos medios daban a tan compasivo «gesto de solidaridad», despojado de todo cariz político e, incluso, aplaudido por responsables institucionales. La piadosa sociedad vasca cumplía con su prójimo más necesitado. Con la asepsia de un quirófano.

Que 80.000 personas (el 3% de la población de una sociedad próspera como la nuestra) necesiten recurrir a los bancos de alimentos para poder comer no es un fenómeno residual ni pertenece al orden natural de las cosas; es un grave problema político, fruto de una injusticia social que tiene sus responsables en gobiernos y centros de decisión laboral y económica. ¿Por qué no decirlo claramente entonces? ¿Por qué dejar en manos de una reconfortante complacencia del deber cumplido –o la caridad– lo que debería ser una furiosa acusación política?

La campaña alcanza un presupuesto equivalente a la elusión fiscal de cuatro empresarios defraudadores cuales- quiera. Basta comprobar, además, que quienes entregan su modesta aportación son trabajadores y trabajadoras, como los casi 6.000 voluntarios –gran parte de ellos pensionistas– y, por supuesto, quienes reciben su gesto. Obreros que ayudan a obreros. La caridad necesita pobres; la solidaridad defiende iguales.