La instrucción de Instituciones Penitenciarias 3/2017 nació al calor de la polémica que encendieron los medios de comunicación por los casos de Iosu Uribetxebarria e Ibon Iparragirre. Y ha desaparecido de nuevo tras la denegación de la libertad de otro preso enfermo concreto, en este caso, el exministro del PP Eduardo Zaplana. Hace dos semanas, se elaboró una nueva instrucción que marca las pautas a seguir para la excarcelación de presos enfermos.

La nueva instrucción, denominada 6/2018, viene firmada por el nuevo director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, y entra a valorar otros principios más allá de la proximidad de una muerte cierta a la hora de valorar la excarcelación. No obstante, seguirá siendo Instituciones Penitenciarias quien realice la valoración final para liberar a cada persona, y no una autoridad médica.

De este modo, persisten las dudas sobre su legalidad, en tanto que un director de Instituciones Penitenciarias no tiene capacidad para determinar en qué consisten terminos que figuran en el Código Penal, como el «riesgo patente para la vida».

La norma supone un avance, pues en la práctica, el protocolo 3/2017 reducía la posibilidad de liberación de un preso a una cortísima esperanza de vida, yendo en dirección contraria de lo que fija la OMS y las Naciones Unidas. El anterior ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de hecho, llegó a concretar a dos meses como máximo la esperanza de vida que debía tener una persona interna para poder recuperar su libertad.

En el nuevo protocolo, Instituciones Penitenciarias estipula una gradación de salud con una puntuación de cero a cien (siendo cero la muerte) atendiendo al tipo de enfermedad y siguiendo un formulario. Sin embargo, será el director de la prisión quien tenga la última palabra.

El documento, al que ha tenido acceso GARA después de que la noticia saltara en “El Correo”, lleva por título «Procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

Pese a quitar como requisito imprescindible una muerte cercana, este nuevo protocolo sigue teniendo muy presente la idea de temporalidad y, a expensas de cómo se pondrá en práctica, pudiera contener alguna laguna en cuanto a enfermedades en las que los factores ambientales puedan conllevar un riesgo suplementario o afectar de forma severa a la dignidad de la vida.

En particular, según expertos consultados anoche por este periódico, existe cierta preocupación por la inclusión del concepto «situación terminal» entre los requisitos para la iniciación del procedimiento. Concretamente, el texto señala que el protocolo empezará cuando los informes hospitalarios sostengan que «el enfermo presenta una enfermedad muy grave o incurable con peligro patente para la vida/situación terminal del enfermo».

Primeras valoraciones

Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, señaló en una valoración de urgencia que la medida es positiva en cuanto afectará al colectivo de presos enfermos y, en particular, a 22 presos vascos. Asimismo tachó de «sádica» la terminología de Instituciones Penitenciarias al denominar «muertes naturales» los fallecimientos por enfermedad dentro de las prisiones.

Azkarraga censuró que una materia tan importante se regule con una instrucción del Director de Instituciones Penitenciarias, denunciando que se persiste en el error incurrido con la instrucción 3/2017. «Una instrucción puede servir para regular los horarios de los comedores o de las piscinas, pero no para algo tan importante, fundamental y un bien constitucional protegido, como es el derecho a la vida», afirmó.