El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, afirmó ayer que no cree «conveniente» mantener la dispersión de los presos políticos vascos, ya que el alejamiento «era una política antiterrorista, no una política penitenciaria». De esta manera respondió el exmagistrado de la Audiencia Nacional después de ser interpelado por el público en un foro en Las Palmas de Gran Canaria.

Grande-Marlaska explicó, asimismo, que no cree en «medidas indiscriminadas», sino en la «aplicación de las leyes y, en este caso, siempre con respeto y en contacto con las asociaciones de víctimas», a las que agradeció el «respaldo» que están dando en su departamento.

En este sentido, solicitó que se analice el balance de sus siete meses en el cargo, en los que «solo han sido trasladados a cárceles del País Vasco dos presos de la denominada vía Nanclares». Sin embargo, también sostuvo que, «con ETA disuelta y derrotada por la sociedad», no ve sentido en «mantener una política antiterrorista cuya finalidad era debilitar a la organización, impidiéndole que controlase a sus militantes encarcelados». En esta línea, no descartó que haya «más acercamientos», pero «siempre que la legalidad penitenciaria se vaya cumpliendo y en los términos que la Ley establece». Además, precisó que, en todo caso, se hará «con luz y taquígrafos».

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias, argumentó el ministro, debe atenderse a «criterios penitenciarios», a lo que las correspondientes juntas de tratamiento consideren más conveniente para cada preso, algo en lo que no ocultó que se tiene en cuenta la cercanía a su entorno familiar: «Una de las evaluaciones sociales que se tienen en cuenta es su entorno familiar porque, y hablo en general, muchas veces lo que se olvida de las privaciones de libertad es el efecto ‘prisionización’, que es un efecto negativo para cuando se tenga que salir a la sociedad». A su juicio, si una persona está «apartada mucho tiempo, alejada de su entorno», le va a ser más difícil su adaptación a la sociedad.

«Esperanza» y «prudencia»

La red ciudadana Sare, tal y como adelantó a GARA, calificó en un comunicado como «positivas» las declaraciones de Grande-Marlaska, «al igual que las declaraciones que hizo Pedro Sánchez», que en junio del año pasado mostró la «disposición» del Gobierno español para modificar la política penitenciaria. No obstante, reclamó que estas palabras se conviertan «en realidad con urgencia», pues «el alejamiento es una medida de excepción que se les ha ido aplicando a los y las presas vascas como un castigo añadido».

Del mismo modo, Sare aseguró que recibió con «cierta esperanza» las declaraciones del ministro, pero también «con prudencia» ya que, según denunció, «no se han dado pasos reales para acabar con la política de alejamiento» de los presos.

«No entendemos que los presos deban pasar un día más alejados de sus familiares y sin que se cumpla la ley», denunció Sare, que recordó también que, tras las manifestaciones del día 13 de enero en Bilbo y Baiona por el fin de la política penitenciaria de excepción, solicitó esta misma semana a través del correo ordinario una entrevista con el ministro del Interior para abordar la situación los presos políticos vascos, pese a que todavía no han recibido respuesta.