La edad de jubilación a los 65 años y la paga de una peseta diaria se implantó en una fecha como la de ayer de 1919 bajo el Gobierno del liberal conservador Antonio Maura, convirtiéndose en el primer paso hacia un sistema público de pensiones en el Estado español. Ante la precaria situación de la clase trabajadora, se sucedían huelgas y movilizaciones en un clima de agitación social que los monárquicos trataron de aplacar con pequeñas concesiones.

Aquella mísera pensión pretendía que los asalariados, al verse obligados a abandonar el tajo por su edad, tuviesen unos ingresos mínimos que no les empujasen inexorablemente a la mendicidad. No eran muchos los que lograban alcanzar los 65 años pero fue una conquista, como luego lo fueron la jornada laboral de 8 horas o la baja por maternidad, que garantizaba la asistencia médica en el embarazo y parto. Entonces, la resistencia de los patronos a aportar al fondo, como harían el Estado y los trabajadores, fue feroz.

Un siglo después, cuando más se cuestionan los pilares del estado del bienestar, las y los pensionistas vascos quisieron conmemorarlo, como se destacó en la concentración de Bilbo, «por la conquista y avance que supuso en la época». «Han pasado cien años y hemos avanzado en muchos derechos y en muchos aspectos –asumieron desde el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia–, pero en las últimas décadas, sobre todo a partir de la crisis de 2007, vemos que no avanzamos mucho, que no se consolidan derechos o que sufrimos retrocesos en las condiciones laborales».

Advirtieron de que, de hecho, las últimas reformas laborales y de pensiones «han traído más pobreza para la mayoría de la población; no han terminado con el problema de la sostenibilidad de la Seguridad Social que decían solucionar, sino que lo han agravado; se ha profundizado en la brecha de género; han retrasado la edad de jubilación cuando lo que había que hacer es adelantarla para que la juventud tenga más opciones de empleo, una juventud en paro o que ha tenido que salir al extranjero, o con trabajos precarios y unos salarios de miseria».

Jon Fano, uno de sus portavoces, criticó los denominados «viernes sociales» del Gobierno de Pedro Sánchez, que tachó de «muy electoralistas». «A lo que asistimos los viernes es a proclamas no concretadas... Es más, en lo referido a la derogación de la reforma laboral, la ministra Valero ya ha dejado claro que no la llevarán a cabo antes de las elecciones», censuró.

En la concentración de Donostia, ante la casa consistorial, también se hicieron eco de la efeméride, al igual que del éxito de la huelga feminista del 8M, con mención especial a la necesidad de acabar con la brecha de género, ya que «la pobreza sigue teniendo rostro de mujer».

Yolanda Azpiazu, de la Asamblea de Jubilados y Pensionistas de Alderdi Eder, recordó las declaraciones que el presidente del PP, Pablo Casado, hizo en febrero, defendiendo que «para que las pensiones tengan futuro las mujeres tenemos que tener más hijos». Esa afirmación, que es «absolutamente falsa» a juicio de las pensionistas, pretende «arrinconarnos a las mujeres otra vez a las tareas domésticas, mediante políticas que nos encadenan a la esfera privada».

«Hipocresía» de Lakua

Azpiazu criticó también la «hipocresía» del Gabinete Urkullu durante la huelga feminista y recordó que aquellos que posaron frente al Parlamento de Gasteiz «con chapas moradas en la solapa» fueron los mismos que se negaron a complementar las pensiones por debajo del umbral de la pobreza durante las negociaciones presupuestarias. «¿Dónde estaba en aquel entonces la sensibilidad que nos quieren transmitir estas imágenes?», interpeló.

El pensionista Juantxo Domínguez rememoró la lucha «a sangre y fuego» que los obreros de Barcelona emprendieron hace más de cien años, consiguiendo la aplicación en 1919 de «un derecho fundamental», el llamado Retiro Obrero. «Recordemos a quienes lucharon con tanto ahínco, tanta fuerza, tanta moral y tanta dignidad. Y nos comprometemos a continuar su lucha, para que nunca ocurra que las generaciones venideras tengan una vida peor que las que nos han precedido».

En Gasteiz, la manifestación convocada por Pentsionistak Araba finalizó en el ambulatorio de Olagibel, donde mostraron su apoyo al personal médico de Atención Primaria. «Los y las pensionistas somos los que más utilizamos los servicios de los médicos de familia y queremos solidarizarnos porque nos afectan las medidas que están reivindicando», explicó Iñaki Martín, que también expuso que la concentración era especial por el siglo del Retiro Obrero Obligatorio. Una conmemoración que tampoco se obvió en las movilizaciones de Barakaldo, Bermeo, Tutera, Portugalete, Durango, Iurreta, Soraluze, Eibar y Zarautz, entre otras.

«Han pasado cien años desde la efeméride que conmemoramos, período en el que, al menos hasta mediados de los 80, siempre con la necesaria lucha obrera, no se puso en duda la bondad y sostenibilidad del sistema y se mantuvo en el Occidente europeo el señuelo del llamado Estado de bienestar».

Y se advirtió de que «con la caída del llamado bloque soviético, tuvo vía libre el capitalismo financiero y la escalada de las privatizaciones en la economía. Entre nosotros, a partir de 1985 comenzó a endurecerse el acceso a las pensiones, que se ha agravado con los puntos regresivos de las últimos reformas, incrementando el período de cómputo de la base reguladora de 15 a 25 años y retrasando, con carácter general, la edad de jubilación de 65 a 67 años».

«Pero lo más grave es el deliberado afán de ir debilitando las señas de identidad de nuestro sistema público mediante una reforma laboral que ha llevado a la precariedad del empleo y los bajos salarios, para que, al bajar las cotizaciones, nos digan, con todo cinismo, que el sistema es inviable y se hace imprescindible abrir paso a planes de pensiones, EPSV, PEP…», denunciaron los pensionistas, que alertan de que «quieren borrar la seña de identidad fundamental del sistema, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, valiéndose para ello del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad».