Reclaman al Santander que aplique una carencia y evite un desahucio
Stop Desahucios de Gipuzkoa reclamó ayer al Banco Santander «la carencia por cinco años sin cláusulas abusivas a la que tiene derecho Txema, al ser una familia vulnerable y con un hijo menor». El afectado, vecino de Oiartzun, se enfrenta a una demanda de desahucio porque no se le aplicó el código de buenas prácticas, según denunciaron.

Más de una treintena de personas se concentraron ayer en Donostia ante las oficinas del Santander, al que reclamaron que aplique el Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB) y firme una carencia «sin cláusulas abusivas» con un vecino de Oiartzun contra el que la entidad ha iniciado un procedimiento de desahucio.
Representantes de Stop Desahucios de Gipuzkoa, el colectivo que arropa al vecino afectado, explicaron que Txema regenta junto a su familia un comercio en alquiler en Donostia que, por efecto de la crisis, «no daba rendimientos suficientes, por lo que tuvo que dejar de abonar las cuotas de la hipoteca de su vivienda en Oiartzun». «El Santander conocía perfectamente su situación económica de deudor de buena fe», indicó el colectivo, que agregó que «al igual que hacen el resto de entidades financieras, incumplió la obligación de ofrecerle el código de buenas prácticas para personas en situación de vulnerabilidad.
Denunciaron desde Stop Desahucios que, en lugar de ofrecer al afectado una carencia de cinco años, la entidad presentó directamente una demanda para desahuciarlo. El procedimiento quedó en suspenso, como otros de este tipo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre las cláusulas de vencimiento anticipado. Se prevé ahora que la Audiencia reactive ahora los casos pendientes, entre ellos el de Txema.
Stop Desahucios reclamó ayer al Santander que llegue a un acuerdo con el cliente y retire la demanda. Aclaró también que, asesorado por este colectivo sobre su derecho a una carencia, el banco ofreció esta posibilidad pero introdujo una ampliación del capital del crédito equivalente al importe de las ocho cuotas que había dejado de pagar.
Arrope político y sindical
Stop Desahucios de Gipuzkoa explicó que, gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se establecen los criterios para poder declarar como abusivo el vencimiento anticipado, las audiencias provinciales deberán «decidir en cada caso si continúan con la demanda si esto beneficia al consumidor o, en su defecto, proceder a su archivo».
Junto a Txema y Stop Desahucios, en la movilización participaron ciudadanos, representantes institucionales, sindicatos como ESK y Steilas, y partidos políticos como Irabazi, Ezker Anitza y junteros de EH Bildu, así como el concejal de Bienestar Social de la coalición en el Ayuntamiento de Oiartzun.

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